El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, expuso este miércoles ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación sobre un proyecto de ley que propone ampliar las competencias de las provincias en materia de delitos vinculados con estupefacientes y microtráfico.
La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Gisela Scaglia y plantea brindar nuevas herramientas a las jurisdicciones provinciales que decidan adherir al régimen para intervenir en casos de narcomenudeo que, por cuestiones de competencia, pueden pasar a la Justicia Federal.
De la reunión también participaron integrantes de la comisión, entre ellos el diputado nacional santafesino Pablo Farías.
La experiencia de Santa Fe
Durante su exposición, Cococcioni se refirió a la experiencia de Santa Fe en la persecución del microtráfico y planteó la necesidad de evitar que determinadas investigaciones queden divididas entre distintas jurisdicciones.
Según explicó, la venta barrial de estupefacientes puede estar relacionada con otros delitos, como la circulación de armas de fuego, los homicidios y la actividad de organizaciones criminales que disputan territorios.
El ministro sostuvo que cuando una investigación pasa a la órbita federal por cuestiones vinculadas a la competencia, puede perderse la posibilidad de abordar de manera conjunta distintos aspectos de un mismo fenómeno delictivo.
Además, vinculó la política de persecución del microtráfico con la reducción de los niveles de violencia registrada en Rosario. En ese sentido, afirmó que, según la evaluación del Gobierno provincial, la posibilidad de investigar estos delitos a nivel local tuvo incidencia en la baja de los homicidios en la ciudad.
Un proyecto de adhesión voluntaria
Por su parte, Scaglia explicó que el proyecto busca ampliar las competencias que podrían asumir las provincias en materia de estupefacientes, particularmente en los casos relacionados con el narcomenudeo y el microtráfico.
La diputada señaló que la iniciativa apunta a resolver situaciones en las que determinados hechos pueden quedar sujetos a discusiones sobre qué jurisdicción debe intervenir.
También remarcó que la eventual ley no obligaría a todas las provincias a asumir esas nuevas competencias, sino que cada jurisdicción podría decidir si adhiere al régimen.
El proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá avanzar en el proceso legislativo para obtener dictamen y luego ser sometido a votación.
