Un hombre de 42 años, identificado como Nelson Roberto Gilardi, fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer su responsabilidad en los delitos de abuso sexual cometidos contra la hija menor de edad de su expareja, así como también por haber agredido físicamente y amenazado a la mujer tras la ruptura de la relación.
La sentencia fue ratificada por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio de procedimientos abreviados llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La causa fue representada por el fiscal Pablo Lipowy, en nombre del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Ataques en el ámbito familiar y violencia de género
Según lo expuesto por la fiscalía durante el proceso, los abusos sexuales contra la niña sucedieron al menos en dos ocasiones en marzo de 2024, época en la que la víctima cursaba la escuela primaria. Gilardi se aprovechó del vínculo de convivencia y del rol de cuidado que ejercía sobre la menor para perpetrar los ilícitos.
A estos hechos se sumó una violenta agresión contra la madre de la menor, ocurrida el 23 de junio de 2024, cuando el vínculo sentimental ya había concluido. Gilardi la interceptó en la vía pública cerca de las 19:30, la amenazó de muerte y posteriormente la atacó a golpes de puño, causándole múltiples lesiones. El fiscal Lipowy remarcó que el episodio se dio dentro de un marco de violencia física y verbal que evidenció una clara situación de vulnerabilidad y desigualdad de poder.
Conformidad y calificación penal
Ante el tribunal, Gilardi asumió su culpa y aceptó la calificación penal planteada por el MPA, que incluyó los delitos de abuso sexual simple agravado (por la guarda y la convivencia con la víctima menor), lesiones leves dolosas calificadas (por el vínculo y por mediar violencia de género) y amenazas.
Tanto el acusado como su defensa técnica acordaron el monto de la pena y la modalidad del trámite abreviado. Por su parte, la madre de la niña fue notificada del acuerdo y prestó su total conformidad respecto de las medidas adoptadas para resguardar la reparación institucional tras los hechos sufridos por ella y su hija.
