El Gobierno de Santa Fe presentará este jueves un proyecto de ley destinado a fortalecer las herramientas de prevención y protección frente a la violencia por razones de género. La iniciativa será anunciada a las 12, durante una conferencia de prensa en la Sede de Gobierno de Rosario, y luego será enviada a la Legislatura para su tratamiento.
El proyecto, denominado “Prevención, protección y gestión integral del riesgo frente a la violencia de género”, fue elaborado de manera conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad.
Según adelantó el Ejecutivo, la propuesta busca establecer un marco integral para la actuación del Estado ante situaciones de violencia de género, con especial énfasis en la detección temprana de escenarios de riesgo, la intervención y la coordinación entre los distintos organismos involucrados.
El anuncio se conoce en un contexto marcado por los elevados índices de femicidios registrados en la provincia y por los cuestionamientos de organizaciones feministas respecto de las herramientas disponibles para prevenir estos hechos.
Santa Fe, segunda en tasa de femicidios
Según el último relevamiento del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), entre el 1° de enero y el 30 de agosto de 2026 se registraron 176 femicidios en Argentina, lo que representa, en promedio, un asesinato por razones de género cada 33 horas.
El informe ubicó a Santa Fe en el segundo lugar entre las provincias con mayor tasa de femicidios, con 1,6 casos cada 100 mil mujeres. El primer puesto correspondió a Santiago del Estero, con una tasa de 1,7.
A partir de estos datos, desde MuMaLá reclamaron nuevamente la declaración de la Emergencia por violencia de género y cuestionaron la efectividad de las políticas de prevención y protección destinadas a las víctimas.
Femicidios y medidas de protección
El relevamiento también puso el foco en los antecedentes de las víctimas y las medidas de protección adoptadas antes de los femicidios. Según MuMaLá, en Argentina sólo el 11% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor.
Entre quienes sí habían realizado una denuncia, el informe señaló que el 75% tenía una orden de restricción y el 12% contaba con un botón antipánico al momento del femicidio.
Para la organización, estos datos evidencian dificultades en los mecanismos de prevención, seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección, uno de los aspectos que queda en el centro de la discusión sobre las políticas públicas frente a la violencia de género.
