La Justicia Federal avanzó con la investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El expediente quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, luego de que la Cámara Federal resolviera una disputa de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales de Comodoro Py.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución patrimonial de Tapia entre 2017 y 2024. Según el análisis incorporado a la presentación, el dirigente habría registrado un incremento de aproximadamente 1.000% en su liquidez durante ese período.
La denuncia sostiene que en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades con un valor fiscal cercano a $17 millones, un vehículo y alrededor de $1,5 millones en efectivo. Para 2024, en cambio, su declaración consignaba más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro, de acuerdo con los datos aportados por el denunciante.
Ahora, el fiscal Pollicita pidió avanzar con distintas medidas de prueba para determinar el origen y la evolución de esos bienes. Entre ellas se encuentran el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil, además de pedidos de información a organismos como ARCA, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores y la Unidad de Información Financiera.
También se busca acceder a las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia y reconstruir sus ingresos, bienes y movimientos económicos. El objetivo es establecer si existe correspondencia entre el patrimonio denunciado y los ingresos declarados durante los años analizados.
Tapia integra el CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. En 2024 pasó a ocupar la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Ese cargo como funcionario público es el que permite que la investigación se encuadre en el delito de enriquecimiento ilícito.
La causa es independiente de otros expedientes que involucran al titular de la AFA y que están vinculados con su gestión al frente del fútbol argentino, entre ellos una investigación por cuestiones impositivas junto al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
La apertura de esta investigación no implica que Tapia haya sido condenado ni que el delito esté probado. La Justicia deberá determinar, a partir de las medidas de prueba solicitadas, si el crecimiento patrimonial denunciado puede ser justificado mediante sus ingresos y actividades declaradas.
