El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación penal contra la petrolera británica Desire Petroleum Limited por la posible realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en áreas de la Plataforma Continental Argentina próximas a las Islas Malvinas. La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y también contempla a sociedades vinculadas y a las personas que pudieran haber actuado en nombre o beneficio de la compañía.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, actualmente subrogado por el juez Ariel Lijo, donde tramita la causa CFP 4492/2026. La fiscalía pidió distintas medidas de prueba para determinar si las actividades denunciadas podrían constituir delitos previstos en la Ley 26.659, que establece sanciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
Los antecedentes de Desire Petroleum
La investigación se remonta, al menos, a 2012. En mayo de ese año, la Secretaría de Energía dictó la Resolución 130, mediante la cual declaró ilegales las actividades atribuidas a Desire Petroleum en la plataforma continental por operar sin autorización argentina.
En 2013, a través de la Resolución 457/2013, la compañía fue inhabilitada durante 20 años para desarrollar actividades en el país. Según los antecedentes citados en la denuncia, la empresa utilizaba una licencia otorgada por autoridades británicas establecidas en las islas.
De acuerdo con la presentación que dio origen a la causa, pese a esos antecedentes y a modificaciones posteriores en su estructura societaria, Desire Petroleum continuaría vinculada con licencias hidrocarburíferas en distintas áreas de la zona.
Según la documentación incorporada a la denuncia, a marzo de 2026 la empresa figuraría con participaciones del 32% en las licencias PL003a y PL003b, del 30% en PL004a, PL004b y PL004c, y del 35% en PL005. La presentación también menciona vínculos con sociedades pertenecientes al Grupo Rockhopper.
Qué establece la Ley 26.659
La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, prohíbe realizar o facilitar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
En su requerimiento, Stornelli planteó que las conductas denunciadas podrían encuadrar, de manera preliminar, en los delitos contemplados por esa norma. También dejó abierta la posibilidad de que durante la investigación surjan otras figuras vinculadas con delitos ambientales, infracciones aduaneras o lavado de activos.
Las medidas que pidió el fiscal
Entre las medidas solicitadas, Stornelli pidió a la Secretaría de Energía los expedientes que dieron origen a las resoluciones de 2012 y 2013, además de información sobre la constitución, modificaciones estatutarias, composición accionaria y autoridades actuales y anteriores de Desire Petroleum.
También requirió informes para reconstruir las actividades atribuidas a la compañía, establecer cuándo y dónde se habrían realizado y determinar quiénes participaron en ellas.
La fiscalía solicitó además información a la Jefatura de Gabinete sobre posibles antecedentes vinculados con actividades que pudieran haber generado riesgos ambientales y al Ministerio de Seguridad sobre eventuales actuaciones relacionadas con operaciones hidrocarburíferas en zonas próximas a las islas.
Otro de los pedidos apunta a determinar si existen antecedentes de la compañía en la Procuración del Tesoro de la Nación y en la Procuración General de la Nación.
Pedido de información al Reino Unido
Uno de los puntos centrales del requerimiento es la cooperación judicial internacional. Stornelli solicitó que se envíe un exhorto al Reino Unido para obtener información societaria de Desire Petroleum, identificar a sus directivos y representantes legales desde 2012 y acceder a documentación relacionada con las licencias otorgadas para operar en la zona.
El pedido también alcanza al Grupo Rockhopper. En una etapa posterior, la fiscalía planteó la posibilidad de reunir información bancaria vinculada con la explotación comercial y con las personas que pudieran haber actuado en nombre o beneficio de las sociedades investigadas.
La causa forma parte de una serie de actuaciones judiciales impulsadas por el Gobierno nacional en relación con las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área de las Islas Malvinas. En los últimos días también se presentaron denuncias contra otras empresas vinculadas con proyectos de exploración petrolera en la zona.
Por último, Stornelli pidió incorporar información de otra causa penal iniciada a partir de una denuncia presentada el 7 de septiembre y que tramita ante el Juzgado Federal N° 12, para determinar si contiene elementos que puedan resultar útiles para la investigación sobre Desire Petroleum.
