El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 intimó al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, quien estableció un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo avance con lo dispuesto por la normativa.
El magistrado advirtió además que, si la orden no es cumplida dentro de ese plazo, podrán aplicarse multas diarias por cada jornada de demora.
La resolución se produjo a partir de una presentación realizada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el marco de la disputa que las universidades nacionales mantienen con el Gobierno por salarios, becas y financiamiento.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La cautelar alcanza especialmente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.
Uno de ellos establece mecanismos para actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
El otro contempla la recomposición y actualización de los programas destinados a estudiantes.
Los gremios universitarios sostienen que los salarios acumularon una pérdida del 32,5% durante los primeros años de la gestión de Javier Milei y reclaman que se aplique esa recomposición.
Una disputa que lleva meses en la Justicia
Cormick había dictado la cautelar original en diciembre de 2025, luego de un amparo colectivo impulsado por representantes del CIN y distintas universidades nacionales.
El planteo cuestiona el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a la identificación de fuentes específicas de financiamiento.
Posteriormente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar.
El Gobierno intentó revertir distintas resoluciones judiciales y también llevó el planteo ante la Corte Suprema. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo por considerar que no existía todavía una sentencia definitiva.
El acuerdo que no logró cerrar el conflicto
El 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y representantes gremiales habían firmado un acuerdo que contemplaba un incremento del 24,33% en la masa salarial universitaria.
También incluía una suba del 20% para gastos de funcionamiento, mayores partidas destinadas a hospitales universitarios y una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano.
El Gobierno sostuvo que ese entendimiento permitía cumplir sustancialmente con lo establecido en la ley y pidió que se levantara la cautelar.
Sin embargo, las universidades rechazaron esa interpretación y señalaron que el convenio no cubría la totalidad de las obligaciones establecidas por la normativa.
El 1 de septiembre, Cormick rechazó el planteo del Ejecutivo y mantuvo vigente la medida judicial.
El conflicto salarial volvió a profundizarse
La discusión volvió a tensionarse el 17 de septiembre, cuando fracasó una nueva reunión paritaria.
En ese encuentro, el Gobierno ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por los sindicatos universitarios.
A partir de allí, las organizaciones docentes y no docentes profundizaron las medidas de fuerza y reclamaron nuevamente la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
La nueva resolución judicial suma ahora un plazo concreto para que el Estado cumpla con la cautelar, bajo la posibilidad de recibir sanciones económicas en caso de persistir el incumplimiento.
