El gobernador Maximiliano Pullaro volvió a plantear este jueves en Rosario la necesidad de profundizar las investigaciones sobre las estructuras económicas del crimen organizado y avanzar sobre los profesionales que, según sostuvo, participan o colaboran con esas organizaciones.
Durante la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, el mandatario puso el foco en el lavado de activos y mencionó específicamente a “abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales”.
Las declaraciones retomaron un planteo que Pullaro había realizado previamente durante la jornada “Crimen organizado y flujos financieros ilícitos: desafíos y estrategias para su desarticulación”, desarrollada el miércoles 30 de septiembre en Rosario y organizada por la Unidad de Información Financiera junto con organismos nacionales, provinciales y municipales.
“Ir por los abogados y los contadores que son parte”
El eje planteado por Pullaro es avanzar no solamente sobre quienes ejecutan los delitos, sino también sobre los circuitos financieros que permiten a las organizaciones criminales administrar, ocultar o incorporar al circuito legal el dinero proveniente de actividades ilícitas.
“El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y los contadores que son parte de estas organizaciones criminales”, había afirmado el gobernador.
Su planteo apunta, según explicó, a profesionales que exceden el ejercicio legítimo de sus funciones y pasan a formar parte de la estructura de las bandas, por ejemplo mediante maniobras vinculadas con el lavado de activos o facilitando el funcionamiento de las organizaciones.
El rechazo de los abogados penalistas
Las expresiones generaron una reacción de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, que cuestionó las palabras del gobernador y defendió el rol profesional de los abogados defensores.
La entidad sostuvo que las responsabilidades penales son individuales y reclamó diferenciar la participación concreta en un delito del ejercicio legítimo de la profesión. El cuestionamiento abrió así una discusión sobre el alcance de las expresiones utilizadas por Pullaro.
Este jueves, el gobernador recogió esas críticas y redobló su planteo.
“Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien de quién estoy hablando”, afirmó durante las jornadas de fiscales.
Inmediatamente aclaró que su posición no apunta contra el derecho de cualquier acusado a contar con asistencia jurídica.
“No le hablamos al derecho a la defensa; le hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”, expresó.
Perseguir el dinero de las organizaciones criminales
Pullaro sostuvo que la estrategia estatal debe profundizar la investigación sobre los patrimonios, las estructuras societarias y los mecanismos utilizados para introducir en la economía formal fondos provenientes del delito.
“Es responsabilidad nuestra romper esa barrera que tenemos e ir sobre la cabeza de esas organizaciones criminales”, afirmó.
El Gobierno provincial viene planteando que una de las etapas de la política de seguridad consiste precisamente en avanzar sobre el poder económico de las bandas, además de detener a sus integrantes.
En esa estrategia aparecen organismos y herramientas destinadas a identificar bienes, bloquear recursos y recuperar activos vinculados a actividades delictivas.
“No levantarle el pie de la cabeza al delito”
Durante su exposición de este jueves, Pullaro también pidió mantener la presión estatal sobre las organizaciones criminales.
El gobernador llamó a las instituciones a “no levantarle el pie de la cabeza al delito” y sostuvo que es necesario impedir que las bandas recuperen la capacidad operativa que tenían años atrás.
Además, volvió a cuestionar lo que denomina “garantismo bobo” y habló de una “romantización del delito” que, según su mirada, influyó durante años en ámbitos académicos y judiciales.
Al mismo tiempo, aseguró que la reducción de la violencia registrada en Santa Fe fue conseguida “respetando las garantías constitucionales”, marcando una distinción entre su cuestionamiento a determinadas posiciones jurídicas y el respeto a los límites establecidos por la Constitución.
Los números de homicidios que presentó Pullaro
El gobernador utilizó las estadísticas de homicidios para comparar la situación actual con la registrada tres años atrás.
Según los datos mencionados durante su discurso, a esta altura de 2023 el departamento Rosario acumulaba 223 homicidios, mientras que en lo transcurrido de 2026 se contabilizan 62.
En el conjunto de la provincia, indicó que los casos pasaron de 313 en igual período de 2023 a 112 durante 2026.
Pullaro atribuyó esa reducción a la acción conjunta de distintos organismos estatales y destacó el trabajo de fiscales, fuerzas de seguridad, autoridades penitenciarias y gobiernos locales.
No obstante, advirtió que la baja de los índices de violencia no implica que las organizaciones hayan desaparecido o estén completamente desarticuladas.
Dos días de debate sobre crimen organizado
Las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales son organizadas por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, encabezado por María Cecilia Vranicich, junto con el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.
Vranicich recordó que desde su llegada al frente del MPA en 2023 se fijó como prioridad la reducción de la violencia mediante un plan de persecución penal.
La fiscal general atribuyó la mejora de los indicadores a distintos factores, entre ellos el mayor control penitenciario, la política contra el microtráfico, el refuerzo del policiamiento preventivo y modificaciones en la forma de investigar los fenómenos criminales.
Del encuentro participaron además la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; autoridades judiciales y fiscales de distintas jurisdicciones y especialistas nacionales e internacionales.
Durante las dos jornadas se desarrollarán paneles sobre organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica, violencia de género, responsabilidad penal adolescente, litigación ambiental y cibercrimen.
El debate sobre los profesionales vinculados a estructuras delictivas quedó así instalado como uno de los ejes políticos y jurídicos del encuentro: mientras Pullaro reclama profundizar la persecución sobre quienes considera integrantes o colaboradores de las organizaciones criminales, los abogados penalistas exigen preservar una diferenciación clara entre una eventual participación delictiva y el ejercicio legítimo del derecho de defensa.
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