En diálogo con Veo Noticias, el senador provincial Rodrigo Borla, presidente del bloque Unidos, explicó los principales alcances de la propuesta y remarcó que el objetivo es superar un esquema de intervención que muchas veces llega cuando la agresión ya ocurrió.
“Pasamos de una concepción de actuar sobre el hecho consumado a tratar de prevenir el hecho”, sostuvo el legislador.
El proyecto, que contiene cerca de 90 artículos, apunta a fortalecer la coordinación entre organismos judiciales, policiales y administrativos para mejorar la respuesta del Estado ante situaciones de violencia por razones de género.
Un sistema de cuatro niveles para anticipar situaciones de peligro
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la implementación de un sistema escalonado de evaluación del riesgo, similar al mecanismo de clasificación de pacientes que se utiliza en las guardias hospitalarias.
La propuesta establece cuatro categorías: riesgo bajo, medio, alto y crítico, que permitirán determinar la gravedad de cada situación y definir medidas de protección proporcionales.
Según explicó Borla, el nuevo esquema busca detectar antecedentes, señales de alarma y posibles situaciones de reincidencia antes de que se produzcan nuevos episodios de violencia.
“Una especie de triage, como ocurre en los hospitales. En función de ese tipo de semáforo, actuar antes de que ocurra un hecho”, graficó.
La valoración contemplará indicadores como amenazas, antecedentes de violencia, incumplimientos de restricciones judiciales y otras circunstancias que puedan comprometer la seguridad de las víctimas.
Un registro digital para evitar que las denuncias queden dispersas
Otra de las modificaciones importantes será la creación de un registro digital único que permitirá reunir información actualmente distribuida entre diferentes organismos y fueros judiciales.
Borla explicó que una misma persona puede registrar antecedentes en causas penales, civiles, contravencionales o expedientes de familia, sin que necesariamente todos los jueces tengan acceso a la totalidad de esa información.
“Muchas veces una persona tuvo varias causas, pero un juez no las conoce en forma individual porque están en distintos fueros o en distintos ámbitos”, señaló.
El registro permitirá unificar antecedentes, denuncias y medidas de protección, con acceso para las autoridades competentes y mecanismos de resguardo de los datos personales.
Para el legislador, esta herramienta será fundamental para detectar situaciones de riesgo que actualmente pueden pasar inadvertidas por la fragmentación de la información.
Tobilleras electrónicas, restricciones y medidas más severas para los agresores
La iniciativa también contempla reforzar los mecanismos de seguimiento y control de las personas denunciadas, especialmente cuando existen antecedentes de incumplimiento de medidas judiciales.
Entre las herramientas previstas aparecen las restricciones de acercamiento, la exclusión del hogar, los dispositivos de alerta y el monitoreo electrónico mediante tobilleras duales.
En situaciones de riesgo alto o crítico, el proyecto contempla mecanismos más intensivos de protección, que pueden incluir el retiro preventivo de armas y respuestas inmediatas ante alertas de proximidad.
Al ser consultado sobre qué ocurriría si un agresor se acercara al domicilio o al lugar de trabajo de una víctima, Borla reconoció que las herramientas legales no garantizan por sí solas la eliminación de todos los hechos de violencia, pero insistió en la necesidad de agilizar las intervenciones.
“El 911 también es un elemento muy importante”, destacó, al señalar que las víctimas pueden utilizar esa vía para pedir asistencia y comunicar situaciones de violencia, sin necesidad de trasladarse inicialmente a una dependencia judicial.
La Justicia tendrá un papel fundamental en la aplicación de la nueva ley
El senador remarcó que uno de los objetivos es facilitar la actuación inmediata de los magistrados ante situaciones que requieran protección urgente.
El proyecto establece que cualquier juez que tome conocimiento de un caso podrá disponer medidas de protección sin demorar la respuesta por cuestiones de competencia, aunque posteriormente las actuaciones deban continuar ante el tribunal correspondiente.
También se prevé una mayor intervención del Ministerio Público de la Defensa y equipos especializados que participarán en la evaluación del riesgo y el acompañamiento de las víctimas.
Borla sostuvo que el cambio representa un desafío para el funcionamiento de la Justicia, especialmente en el fuero de Familia.
“Es una ley operativa, que también es un mensaje fundamentalmente para la Justicia de Familia”, afirmó.
El proyecto pasa a Diputados y abre una nueva etapa de debate
Con la media sanción del Senado, la iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados de Santa Fe para avanzar hacia su aprobación definitiva.
Borla destacó la importancia de alcanzar consensos legislativos en torno a una problemática que atraviesa a toda la sociedad y requiere respuestas coordinadas.
El legislador consideró que la propuesta plantea una transformación profunda en la manera de abordar la violencia de género, al poner el foco en la detección temprana del peligro y no solamente en las consecuencias de las agresiones.
El principal desafío será que las herramientas previstas se traduzcan en respuestas rápidas y efectivas, especialmente para aquellas mujeres que ya denunciaron situaciones de violencia, cuentan con restricciones judiciales vigentes o enfrentan amenazas reiteradas.
La iniciativa todavía debe completar su recorrido legislativo. Mientras tanto, el debate vuelve a poner en el centro una cuestión fundamental: cómo garantizar que una denuncia, una alerta o el incumplimiento de una restricción generen una intervención a tiempo, antes de que la violencia tenga consecuencias irreparables.
