En diálogo con Veo Noticias, Palo Oliver explicó que la denuncia original fue presentada el 5 de febrero de este año y que, desde entonces, se incorporaron nuevos elementos que, a su entender, justifican profundizar la investigación.
“Nosotros estamos convencidos de que Dolzani lucra con fondos públicos”, sostuvo el diputado, quien realizó la presentación acompañado por Luis Gorosito.
Seis obras escolares y trabajos de cloacas bajo sospecha
La nueva ampliación de la denuncia incluye seis obras en establecimientos educativos del departamento San Javier, ejecutadas a través del programa provincial Mil Aulas y con financiamiento del Fondo de Atención a Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación.
Según explicó Palo Oliver, los denunciantes aportaron registros fotográficos y audiovisuales que mostrarían materiales y camiones identificados con el corralón Dolzani en los lugares donde se desarrollaron los trabajos.
“En todas esas obras hay registro fotográfico y fílmico de materiales del corralón Dolzani identificados y camiones del corralón”, aseguró.
La presentación también incorpora la obra de ampliación de la red cloacal de Alejandra, localidad donde Dolzani se desempeñó como presidente comunal.
Para Palo Oliver, estos nuevos casos permitirían demostrar una presunta operatoria mediante la cual el senador participaría de la gestión de obras públicas que posteriormente generarían oportunidades comerciales para su emprendimiento privado.
“Gestiona las obras, vota el financiamiento y después vende”
El diputado recordó que la denuncia original surgió a partir de la provisión de materiales a una empresa encargada de ejecutar trabajos de defensa costera en San Javier.
Según Palo Oliver, el propio Dolzani reconoció públicamente que su corralón comercializó materiales para esa obra y para otros proyectos desarrollados durante 2024 y 2025.
“Él, en su situación de senador, gestiona las obras, vota muchas veces financiamiento para la obra y después vende”, cuestionó.
El senador había sostenido en su descargo público que las operaciones comerciales se realizaron entre empresas privadas y que no constituían un delito.
Sin embargo, Palo Oliver consideró que esa explicación no despeja las posibles incompatibilidades entre la actividad comercial y el ejercicio de la función pública.
Fuertes cuestionamientos al Ministerio Público de la Acusación
Durante la entrevista, Palo Oliver también expresó su malestar con el avance de la investigación judicial y aseguró que la Fiscalía habría evaluado archivar la presentación original.
Según manifestó, los investigadores se concentraron en analizar un posible enriquecimiento ilícito, cuando la denuncia apunta específicamente a presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y tráfico de influencias.
“Nosotros solamente con un solo caso que demostramos, y que él reconoce, entendemos que ya es suficiente para que se lo convoque”, afirmó.
El legislador también cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de control sobre fiscales y sostuvo que existen condicionamientos políticos que dificultan las investigaciones por presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios.
“Estamos hartos de que no dejen trabajar a los fiscales libremente y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, expresó.
En ese sentido, mencionó el caso del senador Armando Traferri y cuestionó las actuaciones de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura en relación con fiscales que investigan causas sensibles.
También hizo referencia a la situación de la fiscal Cirly Tomaso, al considerar que enfrenta un proceso disciplinario vinculado, según su interpretación, con una denuncia por acoso laboral contra un superior.
Estas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos políticos realizados por Palo Oliver y no constituyen por sí mismas hechos judicialmente acreditados.
Reclaman que Dolzani sea convocado por la Justicia
Finalmente, Palo Oliver insistió en que la nueva documentación presentada debería impulsar medidas concretas de investigación para determinar si existieron incompatibilidades entre las responsabilidades institucionales del senador y sus actividades comerciales.
“Nosotros estamos obligados a denunciar porque somos funcionarios públicos. Hay muchísimos funcionarios que conocen distintos casos y no hacen la denuncia correspondiente”, manifestó.
El diputado aseguró que continuará reuniendo información y presentando nuevos elementos ante la Justicia.
La ampliación de la denuncia busca que el Ministerio Público de la Acusación investigue las operaciones comerciales señaladas y determine si existe responsabilidad penal. Por el momento, se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas judicialmente y no de delitos acreditados contra el senador Dolzani.
