Se trata de Salvador Alejandro Emmolo, quien además recibió una inhabilitación de 10 años para obtener permisos como legítimo usuario de armas.
La sentencia fue dictada por el juez Nicolás Falkenberg en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales santafesinos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Juliana González, integrante del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Compró 11 armas y algunas terminaron vinculadas a hechos delictivos
De acuerdo con la investigación, entre 2017 y 2025 Emmolo adquirió 11 armas de fuego que registró legalmente a su nombre, pero que en realidad estaban destinadas a personas que no contaban con autorización para tenerlas.
Entre el armamento adquirido había pistolas de distintos calibres, revólveres, una carabina y una escopeta. Según la Fiscalía, las compras fueron realizadas con dinero cuya procedencia no pudo justificar.
Uno de los datos más relevantes de la causa es que el condenado denunció falsamente como robadas cuatro armas, con el objetivo de ocultar su destino.
Tres de ellas fueron posteriormente secuestradas en investigaciones penales relacionadas con un homicidio, lesiones en un contexto de violencia de género y portación indebida de armas de fuego.
La cuarta, una pistola, todavía no fue encontrada.
Un allanamiento en Villa Hipódromo permitió descubrir la maniobra
La investigación avanzó a partir de un allanamiento realizado el 3 de diciembre de 2025 en una vivienda del barrio Villa Hipódromo de Santa Fe, donde residía Emmolo y que había declarado como domicilio de guarda de sus armas.
Durante el procedimiento, los investigadores comprobaron que de las siete armas que debían encontrarse en el inmueble, solamente había dos.
Ante la ausencia de cuatro pistolas y una carabina registradas a nombre del sospechoso, los efectivos policiales procedieron a su detención.
Además, secuestraron un teléfono celular cuyo análisis resultó clave para reconstruir las operaciones ilegales.
Las pericias permitieron recuperar conversaciones en las que Emmolo ofrecía armas a personas que no estaban habilitadas para adquirirlas.
También incentivaba a otros a comprar armas para el mercado ilegal
La fiscal Juliana González destacó que la gravedad de la conducta no se limitaba a las operaciones realizadas por el propio condenado.
Según explicó, Emmolo también alentaba a integrantes de su entorno a registrarse como legítimos usuarios para luego desviar armamento hacia el circuito clandestino.
“No sólo elevó el riesgo para la seguridad de la ciudadanía al entregar armas a personas que no estaban habilitadas para ello, sino que buscó ampliar la oferta en el mercado ilegal”, sostuvo González.
Esta circunstancia fue considerada al momento de determinar la pena.
Reconoció su responsabilidad y recibió una condena
Emmolo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad.
Junto con su abogado defensor, aceptó la calificación legal, la pena solicitada y la realización de un juicio abreviado.
Finalmente, el juez Nicolás Falkenberg dispuso una condena de cinco años y seis meses de prisión y una inhabilitación de 10 años para obtener permisos como legítimo usuario.
La causa forma parte de las investigaciones impulsadas por el MPA para detectar y reducir la circulación ilegal de armas de fuego, a partir de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 con autoridades nacionales y el organismo encargado de controlar los materiales armamentísticos.
