Por primera vez en un lustro y medio, la mayoría de las personas que obtuvieron el beneficio jubilatorio en el país lo hicieron tras haber completado de manera estricta los 30 años de aportes requeridos por ley, relegando a un segundo plano a los ingresos mediante moratorias de pago de deuda previsional.
Según datos oficiales presentados por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le otorgó el alta de jubilación a 151.707 personas entre enero y septiembre. La cifra representa un desplome del 43% en comparación con el mismo período del año pasado y resulta un 52% inferior a los registros de los primeros nueve meses del año 2024.
El impacto del fin de la moratoria previsional
La radiografía sobre la composición de los nuevos beneficiarios expone con claridad el viraje del sistema:
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57% de los nuevos jubilados accedió al beneficio habiendo acreditado el mínimo de 30 años de aportes.
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43% restante recurrió a un régimen de moratoria para saldar los períodos sin aportes registrados en su historia laboral.
Es el primer año en 15 años en el que las altas sin moratoria superan holgadamente a las tramitadas mediante planes de pago. La razón técnica e institucional radica en que en marzo del año pasado dejó de regir la última moratoria previsional, sin que se aprobaran prórrogas ni nuevos esquemas extraordinarios de regularización para quienes no alcanzan los años exigidos.
Informalidad laboral en alza: la barrera invisible
A la finalización de los instrumentos de moratoria se le suma una problemática estructural que limita de forma drástica la posibilidad de acumular aportes formales: el incremento constante del trabajo no registrado.
De acuerdo con las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la participación de los trabajadores informales en la estructura laboral del país experimentó una suba continua, pasando del 41,4% registrado hacia el cierre de 2023 a un preocupante 45% a mediados del corriente año.
