En diálogo con Veo Noticias, el diputado radical Martín Rosúa y la legisladora socialista Lionella Cattalini coincidieron en que el texto aprobado es superador de la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, mostraron posturas diferentes frente a las críticas y los cruces que marcaron el debate parlamentario.
Cattalini apuntó contra Angelini y denunció declaraciones falsas
Una de las voces más críticas fue la de la diputada socialista Lionella Cattalini, quien cuestionó las declaraciones de algunos funcionarios provinciales durante las negociaciones legislativas.
“Hay algunos funcionarios que se la pasan queriendo ser empleados del mes y elegidos en febrero, en vez de hacer lo que tienen que hacer”, lanzó la legisladora, al reclamar un debate político de mayor calidad democrática.
Cattalini apuntó particularmente contra el secretario de Gestión Institucional de la Provincia, Federico Angelini, a quien acusó de realizar afirmaciones falsas sobre la posición del socialismo frente a la reforma.
“Él mintió. Él mintió en varias declaraciones”, sostuvo la diputada, y cuestionó los argumentos utilizados por el funcionario para reclamar la aprobación de las nuevas herramientas de seguridad.
Según explicó, algunas de las facultades reclamadas ya se encuentran contempladas en la legislación vigente.
“Hoy hay enormes facultades y el artículo 170 del Código Procesal Penal le da tanto a la Fiscalía como a la policía la posibilidad de hacer una cantidad enorme de allanamientos”, señaló.
También rechazó las acusaciones contra la Legislatura por haber recibido a abogados que representan a personas vinculadas al narcotráfico durante el proceso de consulta.
“Esta Legislatura no puede decirle a uno que venga y a otro que no”, afirmó, y defendió la necesidad de escuchar a diferentes instituciones sin que eso implique compartir sus posiciones.
Para Cattalini, las diferencias dentro del oficialismo no fueron ideológicas, sino parte de una discusión necesaria para mejorar el proyecto.
“Esa es una discusión muy berreta”, respondió ante los cuestionamientos sobre supuestas trabas ideológicas, y remarcó que los acuerdos políticos deben construirse respetando las distintas posiciones.
Rosúa defendió la reforma y pidió acelerar su aprobación definitiva
Por su parte, el diputado radical Martín Rosúa destacó la importancia de las nuevas herramientas para sostener los resultados obtenidos en materia de seguridad durante la gestión provincial.
“Son herramientas muy potentes para un gobierno que tuvo éxito en el combate contra el delito y que nos dice que necesita instrumentos jurídicos nuevos para no perder capacidad en esta lucha desigual”, expresó en diálogo con Veo Noticias.
El legislador explicó que el objetivo es avanzar hacia un Estado con mayor capacidad de prevención, en lugar de limitarse a intervenir después de que ocurren los hechos violentos.
“Queremos herramientas potentes que permitan que el Estado llegue antes, que desarme las organizaciones criminales y no un Estado que llega después y reacciona cuando es tarde”, sostuvo.
Rosúa también defendió el proceso de negociación legislativa y consideró que las modificaciones introducidas permitieron alcanzar un proyecto más sólido.
“Escuchamos a la Corte, al MPA, a la defensa, a los colegios de abogados. Sacamos una ley mucho mejor que la que entró”, aseguró.
En ese sentido, pidió que el Senado avance rápidamente con su tratamiento definitivo.
“Son cinco meses y 22 días. Para una ley de seguridad que es algo urgente y que el Gobierno necesita, es mucho tiempo”, advirtió.
Qué cambia con el nuevo paquete de leyes de seguridad
Entre las principales herramientas incorporadas al proyecto se destacan el juicio en ausencia, que permitiría avanzar con determinados procesos judiciales pese a la condición de prófugo del acusado, y nuevas disposiciones vinculadas con la inteligencia criminal.
También se establecieron mecanismos de control judicial para determinadas actuaciones de investigación y se incorporó el procedimiento monitorio para contravenciones sancionadas con multas.
Cattalini destacó particularmente la importancia de mantener controles judiciales en los allanamientos y delimitar las tareas de inteligencia que pueden realizarse en el ámbito de la prevención del delito.
Rosúa, por su parte, consideró que estas herramientas permitirán fortalecer la capacidad del Estado para anticiparse a las organizaciones criminales y evitar nuevos episodios de violencia.
La policía, otro eje de debate
Durante la entrevista, Rosúa también respondió a los cuestionamientos sobre las mayores atribuciones que podría recibir la policía provincial.
“No se puede pensar una política de seguridad sin la policía, una policía bien paga, bien conducida, equilibrada y que respete los derechos”, expresó.
El diputado destacó el papel de las fuerzas de seguridad en la reducción de los homicidios en Rosario y sostuvo que es necesario respaldar su trabajo, sin dejar de sancionar los posibles abusos o irregularidades.
“Tenemos que darle un voto de confianza y obviamente somos los primeros en encargarnos de corregir lo que está mal y echar a los que están haciendo las cosas que no se corresponden”, afirmó.
También rechazó las comparaciones realizadas por algunos sectores entre las nuevas facultades policiales y prácticas propias de la última dictadura militar, al considerar que se trata de cuestionamientos atravesados por prejuicios ideológicos.
Una media sanción que no cerró las diferencias políticas
Pese a los fuertes cruces, ambos legisladores coincidieron en destacar el trabajo parlamentario que permitió modificar el proyecto original y alcanzar los consensos necesarios para su aprobación.
Cattalini sostuvo que las correcciones introducidas demuestran la importancia de preservar el debate democrático y el funcionamiento de las instituciones.
Rosúa, en tanto, atribuyó el acuerdo a la capacidad de diálogo entre los distintos espacios de Unidos y a la decisión del Gobierno provincial de avanzar con la reforma.
El paquete de leyes deberá ser tratado ahora por el Senado santafesino, donde el oficialismo buscará completar su aprobación.
Mientras tanto, el debate dejó expuestas las diferencias dentro de la coalición gobernante sobre cómo avanzar en el fortalecimiento de la seguridad pública y cuáles deben ser los límites de las nuevas facultades otorgadas al Estado.
