La Argentina llevó al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Las audiencias comenzaron este martes 10 de noviembre y continuarán durante el miércoles, en el marco de una presentación del gobierno de Javier Milei que busca impedir la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
El reclamo fue presentado el pasado 13 de octubre, cuando la Argentina solicitó medidas provisionales en virtud del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). En concreto, pidió que el Reino Unido suspenda cualquier actividad vinculada con Sea Lion, no otorgue nuevas autorizaciones para la exploración y explotación de recursos, preserve la información obtenida durante los trabajos y adopte medidas para proteger el medio marino.
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y cuenta con la participación de representantes de Cancillería y de la Procuración del Tesoro. La exposición jurídica está a cargo de Marcelo Kohen, especialista en derecho internacional y exjuez ad hoc del propio Tribunal.
Los argumentos de la Argentina contra el proyecto Sea Lion
La estrategia argentina se apoya principalmente en dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La primera es la 2065, de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. La segunda es la resolución 31/49, de 1976, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras continúe abierta la controversia.
Sobre esa base, Buenos Aires sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en los espacios marítimos en disputa constituye una violación del derecho internacional.
Durante su exposición, Kohen remarcó que la presentación no busca que el Tribunal resuelva la cuestión de soberanía, sino que proteja los derechos argentinos sobre los espacios marítimos hasta que se encuentre una solución a la controversia territorial.
Otro de los argumentos centrales apunta a la naturaleza de los recursos involucrados. Según el planteo argentino, el petróleo es un recurso no renovable y su extracción generaría consecuencias irreversibles, ya que una eventual sentencia posterior no podría devolver los hidrocarburos una vez extraídos.
Además, la presentación invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar, que establecen obligaciones para prevenir, reducir y controlar la contaminación y proteger el medio marino.
La representación argentina también cuestionó la negativa británica a negociar la disputa de soberanía y advirtió que la continuidad de los trabajos de exploración y explotación podría dificultar o incluso impedir una solución pacífica.
La postura del Reino Unido
El gobierno británico, por su parte, sostiene que la presentación argentina no modifica la situación jurídica ni administrativa de las licencias otorgadas para desarrollar actividades hidrocarburíferas en las islas.
La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había afirmado ante la Cámara de los Comunes que el inicio del procedimiento ante el Tribunal no constituye una sentencia, no invalida las autorizaciones vigentes ni obliga a suspender el desarrollo petrolero.
Londres también suele respaldar su posición en el referéndum realizado en las Malvinas en 2013, cuando el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar.
Se espera que la defensa británica sostenga que el proyecto Sea Lion se desarrolla bajo las normas que considera aplicables y que cuestione la competencia del Tribunal para intervenir en una controversia que, desde su perspectiva, involucra fundamentalmente la soberanía territorial.
En paralelo, el Reino Unido anunció que impulsará una normativa para proteger a las empresas que pudieran verse afectadas por medidas argentinas de alcance extraterritorial. La iniciativa todavía no fue presentada públicamente ante el Parlamento británico.
Cómo sigue el proceso ante el Tribunal del Mar
El procedimiento tiene una particularidad jurídica. Mientras que la Argentina eligió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resolver controversias previstas en la Convemar, el Reino Unido designó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Ante la falta de coincidencia entre ambos países, la controversia de fondo deberá tramitarse mediante un tribunal arbitral constituido de acuerdo con el Anexo VII de la Convención.
Por ese motivo, el TIDM interviene en esta instancia únicamente para analizar el pedido de medidas provisionales mientras se conforma el tribunal arbitral.
Para concederlas, los magistrados deben evaluar tres condiciones: que el futuro tribunal arbitral tenga jurisdicción prima facie sobre la controversia, que exista una situación de urgencia y que los derechos que la Argentina busca proteger tengan fundamentos jurídicos y fácticos suficientes.
Las audiencias se desarrollan entre el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre. Luego de las exposiciones de ambas delegaciones, el Tribunal deberá resolver si corresponde ordenar las medidas solicitadas.
De acuerdo con los plazos previstos para este tipo de procedimientos, la decisión podría conocerse el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que sea comunicada el lunes siguiente.
Los tres escenarios posibles
El Gobierno argentino contempla tres resultados posibles para esta instancia judicial.
1. El Tribunal acepta el pedido argentino.
En este escenario, los magistrados podrían ordenar al Reino Unido suspender las actividades vinculadas con la explotación petrolera de Sea Lion. La medida se mantendría hasta que se constituya el tribunal arbitral, que posteriormente tendría facultades para confirmarla, modificarla o dejarla sin efecto.
2. El Tribunal acepta parcialmente el reclamo.
Los jueces podrían conceder algunas de las medidas solicitadas por la Argentina y rechazar otras. En ese caso, el alcance de las restricciones dependerá de los puntos que finalmente sean admitidos.
3. El Tribunal rechaza el pedido.
La tercera posibilidad es que los magistrados consideren que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción prima facie para intervenir y, por lo tanto, desestimen las medidas provisionales. Si eso ocurre, la Argentina deberá defender la competencia del órgano arbitral una vez que quede constituido.
El proyecto petrolero que genera la disputa
Sea Lion es un emprendimiento de explotación hidrocarburífera impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El área se encuentra a unos 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y comprende un bloque de aproximadamente 541 kilómetros cuadrados.
Según el cronograma previsto, las primeras perforaciones comenzarían en enero de 2027.
La Argentina considera que el avance del proyecto representa una explotación unilateral de recursos naturales en un territorio y espacios marítimos sujetos a una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
El resultado de las audiencias en Hamburgo definirá si el Tribunal del Mar dispone medidas urgentes para impedir que las actividades petroleras continúen mientras se desarrolla el proceso arbitral internacional.
