La controversia por el envío de oro de las reservas argentinas al exterior suma un nuevo capítulo. El Banco Central (BCRA), presidido por Santiago Bausili, respondió las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de utilizar el plazo de prórroga previsto por el organismo de control.
Con esa respuesta en su poder, la AGN avanza hacia la elaboración definitiva del informe de auditoría sobre las operaciones. Según fuentes consultadas por Ámbito, el documento podría tratarse en la sesión del 26 de noviembre o en alguna de las reuniones previstas para los primeros días de diciembre y se anticipa que tendrá un tono crítico.
El conflicto entre ambas instituciones lleva más de un año y está atravesado por las dificultades para acceder a la documentación sobre los movimientos de lingotes, las condiciones de traslado, los costos y los posibles rendimientos de las operaciones.
Una auditoría atravesada por cuestionamientos y demoras
La disputa comenzó a mediados de 2025, cuando la AGN reclamó información al Banco Central sobre la ubicación y las condiciones de los envíos de oro al exterior. Según el organismo de control, la entidad monetaria no respondió los requerimientos y puso obstáculos para acceder a los documentos necesarios para realizar la auditoría.
La situación llegó al Congreso en septiembre de 2025, cuando el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, advirtió ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas que el intercambio de notas con el BCRA se había agotado sin obtener la información requerida.
El conflicto también tuvo una instancia judicial. El 22 de diciembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central responder los pedidos de acceso a la información pública relacionados con el traslado de los lingotes. Sin embargo, las dificultades para acceder a la documentación continuaron.
Otro punto de controversia surgió cuando el BCRA sostuvo que no existían contratos de colocación de lingotes de oro con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con otros depositarios del exterior, por lo que tampoco había informes jurídicos asociados a esos acuerdos.
Finalmente, después de sucesivas negociaciones y restricciones para consultar los documentos, la AGN consiguió avanzar con la primera etapa del trabajo y remitió al Central un informe preliminar para que pudiera presentar sus observaciones.
La polémica por las pérdidas de las operaciones con derivados
La tensión entre los organismos también se profundizó por las diferencias en torno a las operaciones financieras realizadas con el oro de las reservas.
En uno de sus informes, la AGN señaló que el Banco Central utilizó parte de sus tenencias de oro como respaldo de operaciones de derivados liquidables en dólares. Según los estados contables analizados por los auditores, esas operaciones arrojaron una pérdida de 1,5 billones de pesos, equivalente a unos 1.023 millones de dólares, que fue abonada con divisas.
Desde el organismo de control también indicaron que, al cierre del ejercicio auditado, ya no existían posiciones ni operaciones abiertas bajo ese concepto.
Bausili rechazó esa interpretación y defendió la estrategia financiera de la entidad. El titular del BCRA aseguró que la posición en oro registró durante 2025 un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares. Además, cuestionó las conclusiones de la Auditoría y advirtió sobre lo que consideró una utilización política del organismo de control.
Dónde está el oro argentino
Uno de los interrogantes centrales de la controversia sigue siendo la ubicación actual de los lingotes trasladados fuera del país y las condiciones bajo las cuales fueron depositados.
Entre las posibilidades mencionadas aparece la sede en Londres del Banco de Pagos Internacionales (BIS), aunque la información sobre el destino y las condiciones de custodia forma parte de los puntos que la AGN busca esclarecer.
Con la respuesta del Banco Central ya recibida, la Auditoría quedó en condiciones de avanzar hacia la versión final de su informe. Su presentación, prevista para fines de noviembre o comienzos de diciembre, podría reactivar el enfrentamiento institucional y aportar nuevos elementos sobre una de las operaciones más cuestionadas de la gestión económica del Gobierno de Javier Milei.
