El tribunal pluripersonal compuesto por Claudia Bressan (presidenta), Santiago Banegas y Martín Gauna Chapero darán a conocer esta tarde la sentencia del juicio contra el sacerdote Néstor Monzón en Reconquista.
El cura está acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por producir un grave daño en la salud y por ser ministro de un culto religioso reconocido) en perjuicio de la niña, y como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la condición de ser un ministro de un culto religioso reconocido) en perjuicio del niño. La acusación fue realizada por el fiscal Alejandro Rodríguez, quien representa al MPA en el juicio oral y público junto al fiscal Sebastián Marichal.
Delito agravado
“Los abusos que investigamos fueron cometidos entre el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre de 2015 en una casa perteneciente a la diócesis de Reconquista –en la que vivía el acusado– ubicada dentro del predio de la parroquia ‘María Madre de Dios’. En esta sede religiosa, el hombre investigado cumplía funciones como sacerdote”, precisó el fiscal. “Las víctimas fueron una niña y un niño muy pequeños, a quienes no sólo sometió sexualmente, sino que también hizo que se observaran mutuamente mientras eran abusados”, agregó.
Rodríguez se refirió a las agravantes del delito atribuido al acusado. En relación a su condición de ministro de un culto religioso, el funcionario del MPA sostuvo que “se debe a que, al momento de los ilícitos, NFM cumplía funciones como sacerdote”. Por su parte, acerca de la agravante relacionada al daño en la salud de una de las víctimas, el fiscal subrayó que “la niña contrajo una enfermedad de transmisión sexual, la cual fue corroborada por los estudios médicos prácticos”.
Agresiones sexuales
Rodríguez remarcó que “el acusado realizó acciones que reúnen los requisitos objetivos y subjetivos de los tipos penales endilgados”. En tal sentido, consideró que “no quedan dudas que el sacerdote desplegó una acción tendiente a cometer los abusos sexuales, en circunstancias que son gravemente ultrajantes para las víctimas, en franco desprecio de la dignidad de ambos y siempre comprendiendo la irregularidad e ilicitud de lo que estaba haciendo”.
“Por su parte, las víctimas debieron sufrir agresiones físicas y psicológicas que no tenían por qué soportar. Además, los abusos sexuales generan consecuencias perjudiciales que dañan severamente el desarrollo afectivo, cognitivo y sexual de las personas, más aún cuando las víctimas son tan pequeñas”, argumentó Rodríguez.
Denuncia
“La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la madre de la niña abusada. La mujer se presentó el 23 de diciembre de 2015 en el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de la Unidad Regional IX de la policía provincial y dejó constancia de lo ocurrido”, informó el fiscal.
Rodríguez sostuvo que “ni bien se nos informó de la denuncia, junto al fiscal Rubén Martínez ordenamos la realización de diversas diligencias, testimoniales y pericias. También se entrevistó en cámara Gesell a la niña, ya que con el niño no se pudo concretar”. El fiscal también reconoció que “hubo que presentar numerosos escritos y participar de una gran cantidad de audiencias a raíz de las recursos interpuestos por los distintos abogados defensores que tuvo el acusado”.
Los padres y las madres de ambos niños se constituyeron como querellantes. Los abogados que representan al padre y a la madre de la niña son Andrés Santos, Indalecio Ghio y Andrés Ramseyer. En tanto, en representación del papá y de la mamá del niño lo hacen los abogados Adrián Picech y Luciana González. Los querellantes solicitarán una pena de 16 años de prisión para el acusado.
