Este miércoles se cumplen 65 años de los fusilamientos de José León Suárez, una masacre perpetrada por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu en la que fueron acribillados 18 militares y 13 civiles.
La reacción del Gobierno de facto tuvo el objeto de frenar el levantamiento armado de los generales del Ejército Juan José Valle y Raúl Tanco para reponer a Juan Domingo Perón como presidente constitucional de la Argentina.
El contexto era complejo: nueve meses antes, un golpe de Estado había derrocado a Perón e instaurado un régimen cívico militar autodenominado como "Revolución Libertadora".
El general Eduardo Leonardi, un nacionalista católico que había asumido la Presidencia tras el golpe, fue desplazado en noviembre de 1955 por el tándem que formaban Aramburu y el almirante Isaac Rojas.
Las garantías consagradas en la Constitución de 1949 quedaron conculcadas y se aplicó el Decreto 4161, que prohibía mencionar a Perón y exaltar los símbolos del justicialismo.
Asimismo, Aramburu aplicó políticas neoliberales que congelaron salarios y propiciaron el ingreso del país al Fondo Monetario Internacional (FMI), que le recomendó ejecutar una política de ajuste a cambio de prestarle asistencia financiera.
Ese contexto generó un clima de creciente malestar entre la clase trabajadora que empujó el terreno para una rebelión que encabezarían Valle y Tanco, secundados por los coroneles Oscar Cogorno, Alcibíades Cortínez y Ricardo Ibazeta.
Por esos agitados días, la señal para el inicio de la sublevación se daría por radio, durante la transmisión de la pelea de boxeo entre Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loayza.
El movimiento estaba infiltrado por agentes del gobierno, que el 8 de junio ordenó numerosas detenciones entre gremialistas y activistas con el propósito de restarle sustento social al pronunciamiento.
Ese mismo día, Aramburu viajó a Santa Fe pero, antes de partir, dejó preparados los decretos 10.362, 10.363 y 10.364, que establecían la Ley marcial y la pena de muerte, pero que serían publicados en el Boletín Oficial una vez producida la rebelión.
El alzamiento se verificó en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 2 de Palermo y 7 de La Plata, y en Viedma, Rosario, Rafaela y Santa Rosa, La Pampa.
En una casa de la localidad bonaerense de Florida, en el norte del Gran Buenos Aires, fueron detenidos varios civiles: algunos se aprestaban a facilitar respaldo operativo a la rebelión; otros, en cambio, se encontraban allí de forma circunstancial.
De ese pelotón, 12 detenidos fueron llevados a los basurales de José León Suárez, donde cinco fueron asesinados por las balas policiales y los otros siete lograron escaparse.
Los combates entre los efectivos del gobierno y los sublevados se produjeron entre las 22 y la medianoche del 9, en tanto que los decretos firmados por Aramburu se difundieron a las 0.30 del 10 de junio.
Esas normas fueron creadas para aplicarse de manera retroactiva, en una clara violación de los principios del derecho penal, ya que los fusilamientos estaban decididos de antemano.
En la madrugada el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, al mando de la Policía de la provincia de Buenos Aires, le ordenó al comisario Rodolfo Rodríguez Moreno fusilar a los detenidos de Florida, que se encontraban en una comisaría de San Martín.
Los 12 detenidos fueron llevados a los basurales de la localidad bonaerense de José León Suárez, donde cinco fueron asesinados por las balas policiales y los otros siete lograron darse a la fuga.
En la mañana, un tribunal militar presidido por el general Juan Carlos Lorio realizó un juicio sumario a militares sublevados y concluyó que los detenidos, aunque "culpables del delito de sedición", no debían ser fusilados.
Aramburu le ordenó al tribunal que rectifique su fallo para poder acribillar a los simpatizantes por Perón y Lorio le pidió al mandatario que manifieste por escrito su decisión de ejecutar a los detenidos.
El general Valle fue asesinado el 12 de junio, pasadas las 22, en la Penitenciaría ubicada en la calle Las Heras, sin que medie ninguna una orden de ejecución por escrito.
El militar que ejercía la Presidencia le respondió con la elaboración de una lista de 11 militares rebeldes que horas más tarde también fueron pasados por las armas.
Ante la muerte de sus camaradas, Valle, escondido en una casa de la calle Corrientes, decidió entregarse a condición de que se detuviera la represión que se estaba desplegando.
El general peronista fue conducido al Primer Cuerpo de Ejército, en Palermo, donde, tras un juicio sumario, se lo condenó a morir frente a un pelotón de tiradores.
Por su parte, Tanco se refugió en la embajada de Haití, pero el coronel Domingo Cuaranta irrumpió en la delegación diplomática, lo secuestró a punta de pistola y se lo llevó.
Frente a las protestas del diplomático caribeño Jean Briere, el gobierno se vio obligado a respetar el derecho de asilo y le permitió al general volver a la delegación.
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