En medio de la seguidilla de amenazas en escuelas santafesinas, el Gobierno provincial confirmó que todos los detenidos por estos hechos son alumnos de las propias instituciones afectadas. Así lo indicó la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, quien advirtió sobre las dificultades para frenar un fenómeno que se replica a nivel nacional.
La funcionaria explicó que las intimidaciones adoptan diversas modalidades —desde pintadas y notas hasta correos electrónicos—, lo que complejiza las tareas investigativas. En ese contexto, señaló que en algunos casos los propios autores terminan reconociendo su participación, mientras que en otros es necesario un trabajo más profundo para identificar a los responsables.
Entre el 16 y el 21 de abril se registraron 158 intervenciones vinculadas a amenazas en ámbitos escolares, de las cuales hasta el momento se logró detener a siete personas. Según Orciani, el objetivo del Gobierno no solo es esclarecer los hechos, sino también desalentar nuevas situaciones a través del recupero de los costos que demandan los operativos de seguridad.
“Se trata de un delito, no de una broma. Cada intervención implica un gasto para el Estado y una alteración de la vida social”, remarcó la funcionaria, al sostener que el reclamo económico busca generar un efecto disuasivo. En todos los casos, al tratarse de menores de edad, las acciones civiles se dirigirán a los adultos responsables.
En paralelo, la Justicia avanza con imputaciones. En las últimas horas, la fiscal de Menores Ana Laura Gioria acusó a dos adolescentes de 16 y 18 años por amenazas de atentado en una escuela de Llambi Campbell. Ambos fueron imputados por los delitos de amenazas coactivas e intimidación pública, en un hecho que también involucra a un menor de 15 años.
La investigación se inició tras el hallazgo de una nota en un baño del establecimiento con un mensaje intimidatorio que advertía sobre un posible ataque si no se devolvían teléfonos celulares. De acuerdo a fuentes del caso, los jóvenes fueron identificados a partir de distintas diligencias y se les impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el incremento de estos episodios está vinculado, en parte, a desafíos virales que circulan en redes sociales, lo que potencia su replicación. No obstante, advirtieron que se trata de conductas tipificadas en el Código Penal y que pueden derivar en consecuencias judiciales y económicas.
Finalmente, Orciani subrayó que, además de las medidas sancionatorias, será necesario un abordaje integral que incluya a las escuelas, las familias y distintas áreas del Estado para intentar frenar una problemática que sigue en expansión.
