El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe resolvió pasar a disponibilidad a los dos policías de la Brigada Motorizada que fueron detenidos, acusados de sustraer 1.500 dólares a un automovilista durante un control vehicular realizado el pasado viernes en la intersección de bulevar Pellegrini y San Lorenzo, en la capital provincial.
La medida administrativa alcanza a los suboficiales Leandro C. y Pablo P., quienes permanecen privados de la libertad y aguardan la audiencia imputativa que encabezará el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la víctima ante la Dirección de Asuntos Internos. El automovilista se presentó en la sede ubicada en Obispo Gelabert y San Martín y relató que había sido obligado por dos efectivos policiales a entregar una importante suma de dinero durante un procedimiento de control.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hecho ocurrió alrededor de las 19 del viernes, cuando el conductor circulaba por la ciudad junto a su hijo de dos años y medio. Tras ser detenido para una inspección de rutina, los efectivos revisaron el vehículo y encontraron 1.500 dólares estadounidenses.
Según la denuncia, los uniformados le exigieron al conductor la entrega de parte del dinero a cambio de no detenerlo. Intimidado por la situación, el hombre accedió a entregar 400 dólares en la zona de Luciano Molinas y Saavedra. Sin embargo, al continuar su recorrido advirtió que también habían desaparecido los 1.100 dólares restantes que llevaba en el automóvil.
A partir de la denuncia, personal de Asuntos Internos llevó adelante una rápida investigación que permitió localizar a los dos suboficiales. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron entre sus pertenencias el dinero denunciado como sustraído, por lo que ambos fueron detenidos por orden del fiscal Hernández.
Mientras la causa avanza en el ámbito judicial y se espera la audiencia imputativa, el Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el pase a disponibilidad de los efectivos, una medida preventiva que los aparta de sus funciones hasta que se resuelva su situación procesal.
La decisión se enmarca en la política del Gobierno provincial de avanzar con sanciones administrativas inmediatas ante presuntos hechos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, en paralelo al desarrollo de la investigación penal.
