El Gobierno provincial emitió una alerta dirigida a toda la comunidad educativa ante la aparición de amenazas de tiroteos en establecimientos escolares en los últimos días. A través del Ministerio de Educación de Santa Fe, se convocó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a asumir un rol activo en la prevención y a trabajar esta problemática dentro de las aulas.
La comunicación oficial plantea incorporar estos hechos como una falta gravísima en los acuerdos de convivencia escolar y reforzar el abordaje pedagógico, en un contexto donde las redes sociales amplifican este tipo de mensajes y pueden minimizar su gravedad.
El documento, elaborado en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, remarca que las amenazas no deben interpretarse como bromas. “Se trata de un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera la paz social”, señala el texto. En ese sentido, se recuerda que este tipo de conductas encuadra en el delito de intimidación pública, contemplado en el Código Penal, con penas de prisión.
Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables, quienes podrán enfrentar procesos dentro del fuero penal juvenil. Desde el Gobierno se busca también desarticular la idea de anonimato en entornos digitales, subrayando que este tipo de acciones deja rastros y puede ser investigado.
En esa línea, se destacó el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que utiliza herramientas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP para identificar a los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.
Otro aspecto central de la advertencia está vinculado al impacto económico que generan estas amenazas. Cada episodio activa protocolos de seguridad que implican la intervención de fuerzas policiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la suspensión de actividades escolares.
En este marco, el Ministerio de Educación recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores. Por ello, la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los costos derivados de estos operativos.
Finalmente, el Gobierno hizo un llamado a las familias para que acompañen desde el hogar con instancias de diálogo. También alertó sobre el “efecto contagio” en redes sociales, donde desafíos virales pueden derivar en situaciones de gravedad. “Lo que comienza como un reto puede terminar en un proceso penal”, advierte el comunicado, que concluye con un pedido explícito de compromiso para erradicar estas prácticas y proteger a la comunidad educativa.
