En la antesala del paro nacional docente convocado para este lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional anunció que realizará inspecciones en escuelas de distintos puntos del país con el objetivo de verificar que se garantice la prestación mínima del servicio educativo establecida por la legislación vigente.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que los controles estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Supervisarán el cumplimiento del 75% del servicio
Según precisó la cartera nacional, las inspecciones serán de carácter muestral y buscarán constatar que, durante la medida de fuerza, se mantenga al menos el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como lo establece el artículo 10 de la Ley N.º 27.802, que considera a la educación un servicio esencial.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es verificar que las organizaciones gremiales que adhieran al paro respeten el nivel mínimo de funcionamiento previsto por la normativa.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/3iP9PkhBSc
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 1, 2026
Advierten sobre posibles sanciones
El Ministerio de Capital Humano indicó que, en caso de detectarse incumplimientos durante las inspecciones, se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes para evaluar la aplicación de las sanciones contempladas por la legislación.
Asimismo, recordó que la administración de los establecimientos educativos corresponde principalmente a las provincias, aunque remarcó que el Estado nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación en el marco de las competencias que le asigna la Constitución Nacional.
Llamado a garantizar el derecho a la educación
En el comunicado, el Gobierno exhortó a todos los actores del sistema educativo a priorizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir clases y a cumplir con la normativa vigente.
La medida se enmarca en el primer paro nacional docente convocado luego de la reforma laboral y se produce en medio del debate por la aplicación de la ley que establece la educación como servicio esencial, una normativa que fija niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza.
