Los concejales Adriana Molina, Inés Larriera y Carlos Pereira presentaron un proyecto para que el Municipio informe si cuenta con relevamientos sobre las viviendas construidas y las familias asentadas en todo el borde costero entre el Río Colastiné y las defensas contra inundaciones en Colastiné Norte; si se cuenta con un plan para la reubicación de estas familias; si está planificada la remoción de las viviendas construidas directamente sobre el talud de defensas, y cuáles son las acciones desarrolladas para evitar las intrusiones en la zona. Además, quieren conocer si el tendido aéreo realizado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para dotar de energía eléctrica a toda la zona por fuera de las defensas fue autorizado o consensuado por el Municipio.
Aseguran que la presentación se enmarca ante el peligro que representa el asentamiento, en los últimos dos años, de unas 60 construcciones -en su mayoría precarias- en la zona de riesgo hídrico, que resultarán afectadas con cualquier crecida medianamente importante del río, y que terminará produciendo familias evacuadas, con los peligros que ello implica.
Mediante un comunicado, los ediles indicaron que "Dentro de este cuadro de situación, hay una cuestión todavía más preocupante: algunas de estas viviendas se encuentran emplazas sobre el propio talud con los riesgos que ella implica para la estabilidad del sistema de defensas, ya que pueden producir fisuras o cárcavas".
Algo que también llamó la atención de los concejales de Juntos por el Cambio es que la EPE realizó un tendido aéreo con postes y cableado para dotar de energía eléctrica a todo el sector. “La acción del ente provincial es grave, preocupante y peligroso. El Estado no puede avalar con estas acciones colocar a familias en situación de riesgo”, señalaron los concejales en el proyecto.
Los Alisos
En la sesión de ayer también se presentó el pedido de informes al Municipio en relación a la toma ilegal de terrenos en Barrio El Pozo, puntualmente la zona de la Playa Los Alisos, donde también se observa un constante crecimiento.
En ese sentido, Adriana Molina recordó que ya en junio de 2020 el exconcejal Carlos Suárez había realizado una presentación para conocer la situación jurídica de los terrenos usurpados, las actuaciones realizadas por la Municipalidad y qué acciones y medidas estaban planificadas. “Se trata de una ocupación ilegal en condiciones de precariedad extrema y de alta conflictividad hacia el resto del barrio”, alertó.
“A partir de diciembre de 2007, la ciudad de Santa Fe asumió la gestión de riesgos como una política de Estado. Así lo asumimos. Esta afirmación hoy puedo hacerla porque se realizó a través de un proceso que implicó acciones, decisiones, liderazgo, participación, con el apoyo sostenido de las distintas fuerzas políticas e institucionales de la ciudad”, remarcó Molina en el recinto.
Tras realizar un repaso de las obras y acciones que se encararon en la capital provincial entre 2007 y 2019, la concejala de Juntos por el Cambio señaló que “nos preocupa este presente, donde el Estado parece no ver -o pareciera en algunas situaciones alentar- las construcciones en la zona de reservorios o en los terraplenes que protegen la ciudad. Lo vemos en la Costa, donde en los terraplenes hay hasta un tendido eléctrico de la EPE para esas familias”.
En ese sentido, la concejala enfatizó que “no queremos retroceder 15 años. No queremos que la ciudad retroceda 15 años. No queremos la foto de reservorios y terraplenes ocupados, representando un riesgo inminente para esas familias y para toda la ciudad”. Y concluyó: “Las políticas de reducción de riesgos de desastres son al mismo tiempo las verdaderas políticas de equidad e inclusión social, porque en general quienes más sufren el impacto de los desastres son los sectores y los actores más humildes y con más necesidades de atención por parte de los Estados”.
