Por orden de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández se están realizando allanamientos en las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, en el marco de una causa que llevan adelante en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el operativo secuestraron teléfonos celulares de funcionarios.
La medida ordenada por los fiscales se vincula a una investigación sobre la licitación para la compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
Las tareas de los fiscales consistieron en solicitar documental de interés para investigaciones que están llevando a cabo referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información.
En las diligencias llevadas a cabo hoy, los fiscales contaron con la colaboración de personal del Organismo de Investigaciones del MPA.
Sin embargo, todo se desarrollaba bajo un completo hermetismo, tras la solicitud del fiscal actuante Ezequiel Hernández, de Delitos Complejos de la Fiscalía de Santa Fe, que fue personalmente al lugar con personal de civil del Organismo de Investigaciones (OI).
Tras ingresar a oficinas de Rosario, también hicieron lo propio en la capital provincial. En principio, buscaban documentación vinculada a una central de información y a investigaciones junto a teléfonos celulares de funcionarios, algunos de ellos de alto rango, computadoras y dispositivos de almacenamiento.
Una vez iniciada la medida, el ministro Jorge Lagna llegó al lugar. El actual titular de la cartera no sería alcanzado por los requerimientos pero si su “viceministro”, el secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro.
Desde hace varios meses, Hernández investigaba a funcionarios de Seguridad por el presunto intento por favorecer a una firma con la compra de armas y por el uso indebido de recursos vinculado a la producción de información de personas por fuera de causas judiciales. Las fuentes consultadas no confirmaban el motivo de la medida de este viernes ni tampoco qué la precipitó tan abruptamente.
En medio de un clima de incertidumbre por el espiral de violencia, los escasos recursos policiales y de mando que quedaron al desnudo con el atentado a El Establo, presuntos cambios e investigaciones por irregularidades que alcanzan a funcionarios designados por Marcelo Sain, algunos de ellos instalados en la provincia por su función, la medida judicial podría acelerar decisiones que debía tomar el gobernador Omar Perotti.
La fractura quedó expuesta cuando dos funcionarios clave pegaron el faltazo el lunes a una reunión en la que fiscales les pedían información sobre el desempeño policial y la coordinación con fuerzas federales. El martes, cuando Lagna confirmó cambios operativos pero negó de nombres, comenzaron otras versiones. Fue uno de los temas que habló junto al gobernador por videoconferencia con Aníbal Fernández.
Al día siguiente se produjo la designación de Marcelo Sain como asesor de Aníbal Fernández y crecieron las posibilidades de que, si funcionarios que designó en Santa Fe no tenían lugar en el equipo de Jorge Lagna, retornaran junto a él a su nueva función. Montenegro, requerido por la medida judicial, es justamente de estrecha confianza de Sain y llegó junto a él a la provincia.
El quiebre en la cartera más sensible del gobierno de Omar Perotti se profundizó tras la destitución de Sain por parte de la Legislatura.
Fuente: Rosario 3
