El Estado argentino reconoció nuevamente su responsabilidad “por la violación al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas del atentado contra la AMIA en 1994.
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sesionó jueves y viernes en Montevideo, Uruguay, la representante argentina Natalia D´Alessandro admitió que “el Estado argentino no tomó las medidas adecuadas de protección de las víctimas a pesar de la situación de riesgo general de la comunidad judía en Buenos Aires”.
El allanamiento a la demanda presentada por la agrupación de familiares y víctimas del atentado Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) identificó a los responsables de las omisiones del Estado argentino.
“Quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”, admitió D’Alessandro, titular de la Unidad Especial AMIA.
En ese contexto, el Estado argentino admitió haber cometido “la mayor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, al pagarle 400 mil dólares al desarmador de automóviles Carlos Telleldín para que acusara falsamente a un grupo de policías por el ataque a la mutual judía.
D’Alessandro le pidió a la Corte Interamericana que “acepte el reconocimiento de responsabilidad internacional” por parte del Estado argentino y “fije las reparaciones” a las que deberá someterse.
Por su parte, en el alegato de la querella, la abogada del CELS Paula Litvachky afirmó que “quedó claro en esta audiencia que el Estado por sí mismo no fue capaz de averiguar la verdad”.
“Peor que eso: el Estado argentino, tanto con acciones como con desidias, nos privó a todos de la verdad histórica, de esa verdad que Diana (Wassner, viuda por el ataque a la AMIA) necesitaba contarle a sus hijas”, añadió.
“Estamos acá por todas las vidas perdidas, por los que fueron forzados a vivir con tanta ausencia y por las generaciones que vendrán. Estamos acá porque no queremos que haya que luchar 30 años para obtener lo que corresponde. Como dijeron Diana y Adriana (Reisfeld, hermana de otra víctima mortal): verdad y justicia”, insistió.
Antes del reconocimiento por parte de la Argentina, Litvachky afirmó que “el Estado tampoco ha sido capaz de llevar adelante un proceso de justicia ni de ser empático con las víctimas”.
“Estamos acá porque necesitamos que esta Corte fije estándares relevantes para este caso y para la región, y disponga las medidas de reparación que solicitamos”, resumió.
La Corte Interamericana quedó en condiciones de emitir su fallo respecto del reclamo de las víctimas del atentado.
Fuente: NA
