El suicidio del policía César Muga en la cárcel de Coronda, donde cumplía prisión preventiva por el femicidio de su expareja, generó fuertes críticas hacia el sistema de custodia estatal. La defensora pública, Leticia Feraudo, aseguró que el desenlace “no fue una tragedia inesperada”, sino el resultado de una situación que había sido documentada y denunciada previamente ante las autoridades judiciales.
Feraudo indicó que desde el inicio de la causa existían señales de alerta sobre la salud mental del imputado. Según detalló, tras el ataque perpetrado el 1° de agosto en barrio Nueva Esperanza, se realizaron diversas presentaciones advirtiendo el riesgo de que Muga atentara contra su vida.
Advertencias desoídas
La defensa recordó que, durante las audiencias, la propia hija de Muga y de la víctima, Estela González, había declarado que su padre padecía cuadros de salud mental no tratados. Ante esto, el juez que dictó la prisión preventiva ordenó una evaluación psicológica urgente.
Los informes posteriores de la Junta Especial de Salud Mental (JESM) confirmaron la gravedad del cuadro. Los profesionales alertaron sobre la “autodeterminación al suicidio” y desaconsejaron que el imputado permaneciera en un ámbito carcelario, sugiriendo en su lugar una internación para recibir tratamiento adecuado.
El pedido de internación rechazado
Con base en los informes médicos, la defensa presentó un recurso de habeas corpus solicitando el traslado de Muga a una institución de salud. La audiencia se realizó el 19 de enero, apenas dos días antes de que el policía se quitara la vida en su celda.
Durante esa instancia, las autoridades del Servicio Penitenciario y el médico del penal afirmaron que el interno estaba “monitoreado las 24 horas, los 7 días de la semana” y recibiendo medicación psiquiátrica. Sin embargo, Feraudo sostuvo que hubo una “grave falla en el deber de cuidado”, ya que el sistema de vigilancia prometido no evitó el desenlace fatal.
Sin juicio ni condena
La defensora remarcó que el Estado, en su rol de garante de las personas privadas de su libertad, falló en proteger la vida del detenido. “Muga tenía que estar internado, no en el penal”, sentenció.
Más allá de la situación del imputado, Feraudo lamentó que este hecho impide la realización del juicio oral. “La defensa buscaba llegar al juicio”, explicó, destacando que el proceso era necesario para dar una respuesta institucional a la sociedad y, fundamentalmente, a la familia de la víctima del femicidio.
