En el marco de las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante en la lucha contra el narcotráfico y las economías del delito, el Ejecutivo santafesino reforzará acciones para evitar lavado de dinero proveniente del delito, tras el blanqueo de dólares anunciado por Nación. Se creará un Comité que controle a aquellas personas involucradas en organizaciones delictivas o mencionadas en causas judiciales en caso que soliciten constituir una sociedad o accedan a bienes.
El Ejecutivo provincial considera que la lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable, por lo que se van a tomar las medidas que sean necesarias para evitar que cualquier definición que se tome en otro ámbito impacte de alguna forma en la seguridad pública.
En ese sentido, desde la Provincia se enfatiza en la necesidad de mantener controles estrictos para evitar que el dinero proveniente de actividades criminales ingrese al sistema económico formal.
Los ministros de Economía, Pablo Olivares; y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dieron a conocer las medidas concretas que se tomarán en la Provincia.
“Tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia, que han traído homicidios en la provincia de Santa Fe y, en particular en la ciudad de Rosario. Tenemos que ser muy estrictos en controlar y lleguemos a debilitar, a desmantelar económicamente a quienes trajeron la muerte a la ciudad de Rosario.
Es por eso que hemos decidido la puesta en marcha de un comité, compuesto por representantes de todos los ministerios y con convocatoria a otros organismos y podes del Estado para diseñar un programa de disrupción patrimonial y financiera que se va a centrar en las personas y organizaciones que están vinculadas judicialmente y por los órganos de inteligencia a actividades del crimen organizado”, dijo Cococcioni.
Y agregó que “los apellidos, más allá que algunos puedan ser públicamente conocidos, no se van a dar a conocer porque es un Comité que va a funcionar en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia, concretamente en el ámbito de la Dirección Provincial de Información Patrimonial, y sus actividades están regidas por la Ley de Inteligencia, por la Ley de Protección de Datos y por un deber de confidencialidad de todos los que participan.
Se van a respetar los derechos y libertades de todos las personas y la persona que esté sindicada como una parte de una organización criminal va a tener su derecho a defensa y venir a justificar la legitimidad de la operación que prende realizar. Va a ser, esencialmente, un sistema de alertas y contrarrestos administrativos y financieros para limitar el movimiento económico de aquellas personas que ya están sindicadas por el sistema judicial, penal y de inteligencia”.
