El avance de la investigación por la muerte de Mauro González sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado querellante en la causa, Dr. Rodolfo Mingarini, confirmó que tanto la Fiscalía como la querella presentaron una apelación parcial contra la resolución que otorgó la libertad a la agente policial Sabrina Petitón.
El cuestionamiento a la libertad de Petitón
Según explicó el letrado, el recurso de apelación se fundamenta en que la jueza de la causa no brindó argumentos suficientes para diferenciar la situación de Petitón respecto de los otros agentes que formaban parte del grupo operativo del Comando Radioeléctrico (CRE).
“Entendemos que la jueza no explicó por qué la diferenció del resto del grupo, cuando todos integraban el mismo procedimiento y recibieron la misma imputación por los hechos ocurridos durante la detención, el traslado y la custodia de Mauro”, señaló Mingarini.
El abogado comparó la conducta de la policía liberada con la de otro de los imputados, de apellido Vandirali, señalando que ambos tuvieron actuaciones similares en el operativo. Por este motivo, el fiscal Hernández también acompañó la apelación de manera parcial. En tanto, la querella decidió no apelar la situación de otro de los implicados, de apellido Barros.
Nuevas imputaciones y la mira en la Guardia de Infantería
La causa sigue sumando implicados dentro de la fuerza policial. Tras las últimas audiencias imputativas, la situación de los efectivos involucrados se complejiza:
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Cinco policías se encuentran imputados por el delito de tortura seguida de muerte.
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Otros dos policías fueron recientemente imputados por los delitos de encubrimiento agravado (por su condición de funcionarios públicos) y omisión de promover la persecución de delitos.
Estas últimas dos imputaciones corresponden a los agentes que acompañaban a Barros en el móvil de la Guardia de Infantería. La acusación apunta a que, en su rol de funcionarios del Estado, omitieron su obligación de intervenir y frenar las severidades y vejaciones que se estaban cometiendo contra la víctima durante la aprehensión.
Se espera que durante la próxima semana continúen las audiencias imputativas para otros presuntos implicados en el hecho.
Expectativa de penas
Al ser consultado sobre las posibles condenas que enfrentan los uniformados, el Dr. Mingarini fue categórico al referirse al delito más grave de la causa:
“Para el delito de tortura seguida de muerte, la pena prevista en nuestro Código Penal es la de prisión perpetua“.
Asimismo, aclaró que, si bien en Argentina no existe constitucionalmente la pena “de por vida”, la escala penal para este tipo de delitos tiene un mínimo de 8 años y un máximo que puede alcanzar los 52 años de prisión, conforme al cálculo de concurso de delitos realizado previamente por la jueza de la investigación penal preparatoria.
