Siete meses después de que Pedro Castillo asumiera la presidencia de Perú, el país vive por primera vez una "tregua" entre el oficialismo y la oposición de derecha, aunque los analistas no se entusiasman con esa aparente reducción de la tensión.
"Estos paños fríos tienen que ver con que la oposición evalúa que no tiene los votos suficientes para destituir al presidente y, de otro lado, el Gobierno sabe que es débil y necesita tender puentes para conseguir el voto de confianza (para el gabinete ministerial)", analizó el politólogo Martín Tanaka, en entrevista con el diario limeño La República.
En ese marco, Tanaka consideró que la “tregua” se romperá en cuanto pase la presentación del gabinete ante el Congreso, fijada para el 8 de marzo.
El virtual cese de hostilidades se da en medio de un fuerte deterioro de las relaciones. El destape de una reunión privada en que opositores de diversos partidos examinaron cómo destituir a Castillo llevó al jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, a acusar de "golpistas" a los participantes en esa cita.
La ministra de Trabajo, Betsy Chávez, presentó a título personal una acusación constitucional contra la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, a quien sus rivales señalan como la estratega del "golpismo". Lo mismo hizo desde el fuero parlamentario la legisladora oficialista Margot Palacios.
Desde el lado de la derecha radical extraparlamentaria, la excandidata presidencial Lourdes Flores, a su vez, acusó a Castillo por "traición a la patria", debido a que en una entrevista abrió aparentemente la opción de darle salida al mar a Bolivia, aunque después aclaró que no se expresó bien y se disculpó por ello.
Asimismo, una abogada conservadora, Mónica Yaya, acusó de irregularidades a la vicepresidenta, Dina Boluarte, porque unos sobrinos suyos supuestamente celebraron un contrato con el Estado. Según la contraparte, es un primer paso para deshacerse de Boluarte y abrirle eventual camino a Alva u otro aliado hacia la jefatura de Estado.
Fue en ese escenario que se dieron sorpresas, una tras otra: Alva dio un primer paso al llamar a una reconciliación, lo que acompañó con un abrazo ante las cámaras con el portavoz del partido oficialista Perú Libre (PL), Waldemar Cerrón. Éste, a su vez, tuvo palabras de elogios para su adversaria y se sumó al planteamiento de "tregua".
La respuesta de Torres fue inmediata, con elogios para la titular del Congreso y el retiro de sus acusaciones de "golpismo". A partir de entonces, el país fue testigo de intercambios de piropos entre acérrimos rivales.
“Es importante trabajar en unidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Son las dos columnas vertebrales que tiene la gobernabilidad. Tenemos que caminar agarrados de la mano”, clamó Boluarte.
"Tenemos que darnos un período de tregua para encontrar una agenda mínima común", afirmó a su vez el congresista Jorge Montoya, el más activo impulsor de la destitución de Castillo. Empero, reconoció que esa paz será "temporal" y advirtió que él seguirá su cruzada "contra el comunismo".
Para analistas, los opositores radicales intentan un breve repliegue porque, según interpretó el politólogo Gonzalo Banda, "se dieron cuenta de que son tanto o más impopulares que el Presidente".
Las encuestas lo confirman: si el rechazo a Castillo bordea ya el 60%, los números del Congreso son peores. La presidenta del Legislativo adolece de una elevada impopularidad y los expertos temen que si llegara a asumir la presidencia podría haber una dura respuesta en las calles.
La experiencia se vivió ya en 2020, cuando el país salió a combatir al pretendido Gobierno de Manuel Merino y lo tumbó en apenas una semana.
Esa vez, la reacción no fue de apoyo al destituido presidente Martín Vizcarra, sino de repudio a su sucesor, escenario que se podría reproducir ahora, cuando las objeciones populares contra Castillo al parecer no alcanzan para que el país vea con buenos ojos a sus enemigos.
Según medios locales, el malestar que genera la presidenta del Congreso es tal que sus aliados no piensan reelegirla en julio.
Las investigaciones periodísticas indican que la intención de los partidos de derecha es derribar a Castillo y Boluarte para dejar en el Palacio de Pizarro a uno de los suyos. Además, el reconocido plan es que, si ello ocurre, el nuevo Presidente no llame a elecciones generales, como pide la Constitución, sino que siga hasta 2026 con el actual Congreso.
Los amigos de la vacancia presidencial no solo se enfrentan por ahora a las resistencias que generan, sino a la realidad de la aritmética: para destituir a Castillo se necesitan 87 votos de los 130 congresistas, algo que de momento no pueden lograr por la correlación de fuerzas.
En ese marco, según Banda, la apuesta opositora pasaría por dejar que se desintoxique un poco el ambiente y esperar a que el Presidente se debilite aún más mediante los permanentes “errores no forzados” que se le atribuyen. Ese sería el sentido de la “tregua”.
La clave podría estar en que Castillo y Torres se deshagan de todos o algunos de los ministros más cuestionados: el de Salud, Hernán Condori; el de Energía, Carlos Palacios; el de Justicia, Ángel Ydelfonso, y el de Defensa, José Gavidia.
Pero el tema no es fácil, porque Condori y Palacios, contra quienes hay las mayores objeciones por denuncias de corrupción previas, son fichas claves para PL. Sacarlos daría algunos votos, pero se pondría en riesgo el apoyo de la bancada oficialista.
Si el Congreso le da luz verde a Torres, el equipo seguirá en funciones. Si no, todos los ministros quedarán obligados a renunciar. En este último caso, sin embargo, hay una situación adicional: si el Congreso rechaza dos mociones de confianza, el presidente queda autorizado a disolverlo. Sería la primera y todo pendería de un hilo.
Por todo eso, son días de cálculos, en los que las partes quieren tener las mejores cartas. Esta vez, el oficialismo y la oposición “dura” han preferido vestirse de “tregua”, pero para los expertos eso podría solo ser la calma que antecede a una nueva tormenta.
Fuente: Telam
