Siete años después de la desaparición del submarino ARA San Juan, este martes dio inicio el juicio oral y público en la ciudad de Río Gallegos. El proceso judicial tiene como objetivo esclarecer las decisiones que llevaron al naufragio de la nave en noviembre de 2017 y determinar la culpabilidad de los altos mandos navales de aquel entonces.
El abogado Luis Tagliapietra, querellante y padre de uno de los tripulantes, detalló que la jornada inicial se centró en la lectura de la elevación a juicio y la presentación de cuestiones preliminares por parte de las defensas y las querellas.
Los imputados y los cargos
En el banquillo se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina. Los cargos que enfrentan son graves: incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
La fiscalía y las familias de las víctimas sostienen que existió una “negligencia manifiesta” en el mantenimiento del submarino. Aseguran que la nave presentaba fallas críticas y que, a pesar de las advertencias previas, no se encontraba en condiciones óptimas para navegar en las aguas del Atlántico Sur.
Pruebas clave y testimonios
El debate contará con una gran cantidad de evidencia técnica y testimonial:
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Participarán más de 100 testigos.
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Se analizará material fílmico encriptado del hallazgo de la nave, obtenido por el buque Ocean Infinity.
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Se desclasificará documentación que estuvo bajo secreto militar.
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Declarará un experto de la firma alemana Thyssen-Krupp, responsable de la ingeniería original del submarino.
El cronograma judicial
Las audiencias en Río Gallegos se extenderán hasta este viernes 6 de marzo y luego continuarán con un esquema de “semana por medio”. Bajo este ritmo de trabajo, se estima que el veredicto del tribunal podría conocerse recién en el mes de julio.
Cabe destacar que este proceso se limita estrictamente a las responsabilidades por el hundimiento. Quedaron fuera de este juicio las causas por presunto espionaje ilegal contra los familiares, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara el sobreseimiento de los exfuncionarios involucrados en dicha causa.
