El Gobierno nacional decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de evitar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que lo obliga a actualizar de manera inmediata los salarios docentes y los programas de becas.
A través de un recurso extraordinario federal, el Ejecutivo solicitó que se revoque la medida cautelar dictada en instancias judiciales inferiores, que ordena aplicar los incrementos previstos en la Ley 27.795. El planteo fue impulsado por representantes del Ministerio de Capital Humano y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
En su presentación, el Gobierno argumentó que cumplir con la normativa implicaría un “riesgo de parálisis del Estado”, al sostener que sería necesario redirigir más del 90% de los recursos destinados a gastos primarios hacia el financiamiento universitario. Según advirtió, ese escenario podría afectar el funcionamiento de servicios esenciales y de los tres poderes del Estado.
El Ejecutivo también defendió la validez del decreto 759/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que suspendió la aplicación de la ley por considerar que no contaba con respaldo presupuestario. En ese sentido, sostuvo que la legislación vigente impide ejecutar gastos sin financiamiento específico y remarcó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal establecido en el presupuesto 2026.
Además de cuestionar los fallos judiciales que ordenaron cumplir con la ley, el Gobierno denunció una supuesta intromisión del Poder Judicial en facultades propias del Ejecutivo y del Congreso, al tiempo que advirtió sobre el impacto que la medida podría tener en la estabilidad macroeconómica.
En paralelo, solicitó que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se aparten del caso por desempeñarse como docentes universitarios, lo que —según el Ejecutivo— comprometería su imparcialidad. En su lugar, pidió que intervengan conjueces.
El conflicto judicial se inició a fines de 2025, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional y rectores de distintas universidades presentaron un amparo contra el Estado para declarar inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la ley. En diciembre, un juzgado de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar que ordenó actualizar salarios y partidas, decisión que fue ratificada a fines de marzo por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Con este nuevo recurso, el Gobierno busca que el máximo tribunal revierta las decisiones previas y deje sin efecto la obligación de aplicar la norma, en medio de un escenario de tensión política y movilización estudiantil en defensa del financiamiento universitario.
