La Justicia confirmó el procesamiento del anestesiólogo Hernán Boveri y de la médica residente Delfina “Fini” Lanusse en la causa que investiga la presunta sustracción de propofol y otros medicamentos anestésicos del Hospital Italiano de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que ratificó la resolución dictada en primera instancia por el juez Javier Sánchez Sarmiento. La investigación busca determinar el destino de los fármacos sustraídos y profundiza sobre la hipótesis de que eran utilizados en reuniones clandestinas conocidas públicamente como “propofest”.
Una causa que se abrió tras una muerte
La investigación tomó impulso luego de la muerte, ocurrida en febrero pasado, del anestesiólogo Alejandro Zalazar, quien se desempeñaba en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Según trascendió en el expediente, fue la hermana del médico quien informó a las autoridades de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) que Zalazar participaba de encuentros en los que se consumían sustancias anestésicas obtenidas de manera irregular.
A partir de esa revelación, la Justicia comenzó a reconstruir el circuito de obtención y posible desvío de medicamentos de uso hospitalario.
Procesamientos ratificados
La Cámara confirmó el procesamiento de Boveri como presunto autor del delito de administración fraudulenta y el de Lanusse como partícipe secundaria.
Los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto consideraron que las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para sostener las imputaciones. En cambio, el tercer integrante del tribunal, Rodolfo Pociello Argerich, votó por dictar la falta de mérito al entender que aún restan elementos para avanzar con los procesamientos.
La resolución también mantuvo las medidas cautelares impuestas previamente. En el caso de Boveri, continúa vigente un embargo por más de 70 millones de pesos, mientras que para Lanusse se ratificó uno superior a los 30 millones.
Asimismo, ambos siguen alcanzados por la prohibición de salir del país y por la restricción de mantener contacto entre sí, medidas que habían sido ordenadas por el magistrado de primera instancia.
El valor de los testimonios
Uno de los aspectos centrales analizados por la Cámara fue la validez de los testimonios incorporados al expediente. Las defensas habían cuestionado las declaraciones de colegas y allegados a los imputados, argumentando posibles motivaciones personales.
Sin embargo, los camaristas que votaron por confirmar los procesamientos sostuvieron que no existen indicios de animosidad ni elementos que permitan sospechar de la falsedad de esos testimonios.
Para los magistrados, las declaraciones reunidas, junto con el resto de las evidencias, permiten sostener de manera provisoria la acusación y continuar con la investigación judicial.
Mientras avanza el expediente, la Justicia intenta determinar el alcance de las presuntas maniobras de sustracción de medicamentos y establecer si efectivamente los fármacos eran utilizados fuera del ámbito hospitalario en encuentros privados vinculados al consumo de anestésicos.
