Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay en medio de la crisis política y financiera desatada por la intervención del Ueno Bank. La decisión se conoció este miércoles, antes de que el Congreso avanzara con el tratamiento de un pedido de juicio político en su contra, que ya contaba con el respaldo de sectores de su propio partido.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, comunicó el ahora exmandatario a través de su cuenta de X. En su mensaje, sostuvo que su salida buscaba preservar la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas del país.
Peña también se refirió a los ahorristas afectados por la situación de la entidad financiera y aseguró que su prioridad era garantizar la tranquilidad de quienes confiaron sus recursos en el sistema bancario. Además, reclamó que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la devolución de los fondos y la protección del dinero público.
La decisión llegó después de que el expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), confirmara que el Partido Colorado acompañaría el pedido de juicio político. Cartes había impulsado la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene una fuerte influencia sobre la estructura partidaria.
“Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, expresó Cartes al cuestionar las presuntas irregularidades financieras. También confirmó el respaldo de la bancada oficialista a la destitución para “volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El juicio político había sido presentado por 35 legisladores
La iniciativa para destituir a Peña y a su vicepresidente, Pedro Alliana, fue presentada ante la Cámara de Diputados por legisladores opositores y disidentes del oficialismo. El documento, que se amparaba en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, reunió 35 firmas y solicitaba convocar a una sesión extraordinaria.
Entre los impulsores de la acusación estaban los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. Para que el proceso avanzara al Senado se necesitaban 53 votos sobre un total de 80 legisladores. En la Cámara Alta, a su vez, se requería el apoyo de 30 de los 45 senadores para declarar culpables a los mandatarios y habilitar su destitución.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola había advertido sobre el impacto político de la crisis y señalado que, si Peña no dejaba el cargo, el Partido Colorado podía perder sus posibilidades de continuar al frente del Gobierno en las elecciones presidenciales de 2028.
El Banco Central cerró el Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia
El conflicto se desencadenó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución del Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Además, administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La decisión generó preocupación entre los ahorristas, largas filas frente a las sucursales y protestas durante la noche en Asunción. En ese contexto, el Banco Central informó que se realizaría un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, con cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.
En respuesta a la crisis, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó antes de anunciar su renuncia. La norma establece un anticipo de hasta 40 salarios mínimos mensuales por depositante, equivalente a unos 121,7 millones de guaraníes o cerca de 19.787 dólares, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles desde su entrada en vigencia.
En paralelo, Peña designó al economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del Banco Central, en reemplazo de Carlos Carvallo, quien había renunciado. Carvallo había dirigido anteriormente la Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido. El nombramiento debía ser ratificado por el Senado.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para el fundador del banco y acusó a 27 personas
La crisis también tiene derivaciones judiciales. La Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026. La investigación apunta a préstamos y sobregiros otorgados a empresas del mismo grupo económico, en condiciones que, según el Ministerio Público, no respetaban los parámetros habituales de evaluación del riesgo crediticio.
Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, principal accionista y uno de los fundadores de la entidad, quien compareció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción junto a otros siete directivos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto de los ejecutivos. Los pedidos se enmarcan en una investigación que busca determinar las responsabilidades por las operaciones financieras que derivaron en la intervención y posterior disolución del banco.
