Psiquiatras y jueces coincidieron en marcar como un desafío la necesidad de "compatibilizar" el abordaje punitivo y el de salud mental en el caso de personas que padecen adicciones y quebrantaron la ley penal, aunque enfatizaron que "no importa cuál haya sido el delito (cometido), es necesario que junto con la pena se imponga una medida de naturaleza curativa orientada a desintoxicar a esa persona y rehabilitarla".
Esa fue una de las conclusiones del encuentro virtual "Las adicciones desde un abordaje de derechos humanos" que organizó el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho (UBA), la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) y el juez nacional Carlos Goggi, quien convocó como disertantes a magistrados del fuero de Ejecución Penal y de Familia.
Jueces y psiquiatras reflexionaron de modo virtual sobre el abordaje de las adicciones desde la perspectiva de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 -cuyo artículo 4 establece que "las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental"- y los derechos fundamentales de los pacientes con trastornos adictivos, quienes "en momentos de mayor sufrimiento necesitan del acompañamiento profesional y del Estado, que les garanticen tratamientos de probada calidad", coincidieron los disertantes.
Construir consensos, espacios en común, por un sistema sanitario más justo fueron otros de los ejes del encuentro.
"Creer que al día de hoy se pueda criminalizar lo que es tenencia de sustancias y demás es una absoluta barbaridad cargada de ignorancia y rótulo y de estigmatización", destacó al inicio de su reflexión Manuel Villaprino, presidente de APSA.
El psiquiatra recordó que "los trastornos de adicciones son enfermedades" y que entre "un 20 y 30 por ciento de aquellos que consumen tienen un compromiso en su funcionamiento metabólico cerebral iguales a otras patologías que tratamos en salud mental".
Villaprino insistió en la "necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria y de manera integrada" para dejar de lado "funcionamientos inadecuados".
Al respecto precisó: "Si no vamos a criminalizar el acto, tampoco vamos a criminalizar el abordaje", acotó.
Desde una perspectiva de derechos humanos, "los pacientes tienen derecho a buenos tratamientos, a tratamientos más complejos, a tratamientos probados y garantizar la calidad en la atención", indicó Villaprino.
Y agregó además que "cuando hablamos de derechos, la población tiene derecho a saber que hay evidencia absoluta por parte de la ciencia que el consumo problemático antes de los 20 años puede modificar la expresión genética de ciertos procedimientos neuronales y que no es conveniente que sus hijos estén expuestos a este tipo de consumo durante la adolescencia"
La jueza de Ejecución Penal, Vilma Bisceglia, se refirió a las situaciones problemáticas que se generan en el ámbito judicial cuando hay que instrumentar una ley que criminaliza el consumo de drogas, de 1989 y la Ley Nacional de Salud Mental.
En ese sentido, destacó la importancia de determinar cómo compatibilizar estas previsiones, "una de naturaleza reglamentaria, disciplinaria", pero que también establece la posibilidad de tratamientos.
"No importa cuál haya sido el delito. Es necesario que junto con la pena se imponga una medida de naturaleza curativa. Orientada a desintoxicar a esa persona y rehabilitarla", explicó la jueza.
Biscegleia consideró como "una necesidad urgente", contar con recursos como "comunidades terapéuticas, comunidades de vida, de medio camino, talleres de día", que según contó, en algunas experiencias "funcionaron bastante bien, y sirvieron para pacificar que esas personas volvieran a recaer en el delito".
Para la jueza de familia Marcela Somer, "el objetivo de la Ley de Salud Mental fue asegurar la protección de la salud mental que tienen todas las personas" y destacó que la Ley haya incluido el abordaje a las adicciones.
"Hubo un cambio de mirada hacia estas personas. Desde lo jurídico y lo social que fue cambiando y para mejor", aseguró.
Desde su experiencia en los juzgados de familia, Somer señaló que "muchas situaciones concretas y puntuales están atravesadas por cuestiones vinculadas al consumo" y añadió que "las violencias de género o violencia familiar, cada vez están más atravesadas por el consumo y las adicciones".
"Cotidianamente vemos madres o vecinos que acuden pidiendo que se haga la evaluación de una determinada persona", ya que aclaró "los tribunales de familia no determinan la internación sino tan sólo la evaluación de las personas".
Para Somer, "hay un punto anterior, que tiene que ver con la prevención, y uno posterior: cómo se contribuye a esta gente para salir de estas situaciones" y reconoció que "hay una parte de este camino que nos excede".
Cerró el encuentro de psiquiatras y jueces, María de los Ángeles López Geist, psiquiatra de APSA quien lamentó que "en la Argentina los datos de salud mental son muy escasos. "Hubo un solo censo en 10 años y no fueron censados en las cárceles, ni en geriátricos ni en hogares, ni en comunidades terapéuticas", indicó.
La psiquiatra explicó que "uno de cada cuatro individuos con trastornos de salud mental tiene además un trastorno de abuso de sustancia y peor aún, seis de cada diez adolescentes internados en tratamiento por abuso de sustancia tienen problemáticas de salud mental".
Además, aclaró que solo "el 7 por ciento de la población puede consumir marihuana sin sufrir trastornos pero el 93% restante tiene tendencia a desarrollar alguna patología de salud mental".
"¿Cuál es el derecho que está ejerciendo una persona que está 'eligiendo', entre comillas, desde el sufrimiento, desde la impulsividad?, se interrogó López Geist. "Ya tiene la libertad restringida", añadió.
La psiquiatra explicó que durante la cuarentena "la calidad de la atención en los hospitales disminuyó en todas partes, por abandono o por hacinamiento" y consideró que el Estado debería invertir más en la salud mental para "lograr una transición adecuada al cambio de paradigma que propicia la nueva Ley".
Fuente: Telam
