Indígenas de Brasil denunciaron violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Jair Bolsonaro que, según dicen, ha ocasionado calamidades en sus territorios.
El detonante de las protestas sería la condena a trabajos comunitarios de un misionero evangélico que además deberá pagar una multa de más de 4.000 dólares por entregar, supuestamente, un arma de fuego a indígenas del Amazonas.
Se concluyó que el religioso puso en riesgo la integridad física y cultural de la etnia de los zo é, que no hablan portugués y apenas han tenido contacto con personas e instituciones no nativas.
El misionero pertenece a un grupo cuya actividad en el pasado provocó varias muertes de los zo´é por el contagio de enfermedades y fue expulsado de la zona.
El cacique Davi Kopenawa denunció recientemente la situación de los indígenas del Brasil ante la ONU y entre otros cargos, adujo que se arma a grupos para que hagan la guerra a los indios del lugar.
Un equipo de actualidadrt comprobó los atropellos de las fuerzas de seguridad en Brasil.
Cléber Buzzatto, secretario general del Consejo Indigenista Misionero, denunció 135 asesinatos así como 131 suicidios y la muerte de 591 niños menores de cinco años en 2018.
También criticaron la búsqueda desenfrenada de negocios por parte de grandes empresas en los territorios indígenas.
Desde las comunidades afirman que los enclaves están bien conservados de acuerdo con las costumbres de los pueblos originarios, "no respetados ni queridos por Bolsonaro".
Fetxawewe Tapuya Guajajara, jefe de santuario de los pajés, recordó que a su padre lo mataron y que a los indígenas los tienen recluidos en su territorio "como a animales".
