Familiares de personas con discapacidad, junto a organizaciones y prestadores de servicios, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y parte de su gabinete por el impacto de los recortes en el área, en un contexto marcado además por el avance de un proyecto oficial para reformar el sistema de pensiones por invalidez.
La presentación fue realizada por el abogado Javier Garín ante un juzgado federal, e incluye acusaciones por presunto abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. También alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones; al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches; y al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
Según el escrito, las medidas adoptadas desde el inicio de la actual gestión habrían derivado en recortes presupuestarios, suspensión de prestaciones, demoras en pagos y dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Los denunciantes sostienen que esta situación impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
La denuncia también cuestiona decisiones vinculadas al funcionamiento de la ex ANDIS, así como la implementación de normativas que endurecieron los criterios para acceder a beneficios. En ese marco, se advierte sobre el deterioro de programas de salud, la acumulación de deudas con prestadores y una mayor presión sobre el sistema público por la pérdida de coberturas.
En paralelo, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”, que propone nuevos requisitos para acceder y mantener el beneficio. La iniciativa contempla la obligatoriedad de revalidar condiciones médicas, económicas y laborales, bajo apercibimiento de suspensión automática en caso de incumplimiento.
El proyecto también establece que el monto de la pensión equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio e introduce incompatibilidades con el empleo formal, lo que generó cuestionamientos en el sector.
Desde organizaciones de discapacidad advierten que la propuesta instala una lógica de sospecha sobre los beneficiarios y podría profundizar las dificultades de acceso. En esa línea, el referente del Foro Permanente de Discapacidad, Pablo Molero, cuestionó la falta de datos oficiales que respalden las denuncias de fraude y alertó sobre el atraso en los aranceles que perciben los prestadores.
El conflicto se da en un escenario de creciente judicialización y movilización del sector. Para los próximos días, organizaciones anticiparon protestas frente al Ministerio de Salud en rechazo a la iniciativa oficial y en reclamo por la actualización de prestaciones, el pago de deudas y la continuidad de programas que consideran esenciales.
