--Che, ¿tenés una caja de cambios de una F-100? Los donantes ponen 15 mil.
--Seguro que sí, esperá que te busco. Tengo, dale, vení.
El diálogo es apenas uno en una montaña de evidencia acumulada en la causa que ayer motivó 19 allanamientos por irregularidades con vehículos policiales en el playón del Comando Radioeléctrico de la calle Tarragona en Rosario y que le costará la imputación en una causa penal al hasta anoche subjefe de la policía provincial, director Ariel Zancocchia. Según el material acopiado en la investigación, es él quien solicitó a un tallerista del lugar, de apellido Trujillo, el repuesto para la camioneta, lo que para los encargados de la pesquisa es la demostración de un negocio de compraventa de autopartes de vehículos de la fuerza.
Una acción de rutina también detectada para evitar la apertura de un expediente administrativo cuando un patrullero o camioneta policial chocaba era reemplazar la parte dañada por otra tomada de un vehículo desguazado. Con eso la unidad quedaba reparada. “Truji, tenés una puerta, que me la puse anoche”, preguntaba un policía al mecánico del playón policial. “Si, pasate cuando quieras”.
La importancia de la apertura del expediente administrativo es que al solicitar una reparación o un arreglo se debe dejar la constancia, de manera probada, de la circunstancia en la que el móvil sufrió la avería. Esto implica que la rotura tiene que tener una justificación en una acción de servicio que además se ajuste a la legalidad. Al reparar por fuera de lo pautado un vehículo el policía evitaba ser investigado y quedar, eventualmente, sujeto a sanciones. Pero además el asunto iba más allá de tomar un atajo por un bollo en la carrocería o un problema en la caja de cambio. Lo que se habilitaba también era un negocio por dinero hacia afuera con repuestos y autopartes que nada tenían que ver con el servicio de seguridad.
Lo que tenían era un taller trucho. Y se arreglaba todo trucho. Pero también se extraían autopartes y se vendían. Las implicancias de Zancocchia, según fuentes del inicio de la pesquisa, son directas. Están los diálogos mantenidos con el tallerista Trujillo. El subjefe de policía quedó conectado por varios lados.
Una de las evidencias sale de un patrullero Ford Focus sobre la cual Zancocchia pidió, acompañando la fotografía del vehículo destrozado, una bomba de aceite y una caja de cambios. Cuando se analizó el listado de proveedores para sustituir esas partes se advirtió que la compra era una firma denominada Genarino. Al examinar esa razón social inscripta se advirtió que el fundador de Genarino era Zancocchia. En 2015, cuando pasó a ser habilitado de la policía, es decir quien maneja los recursos económicos, vendíó su parte societaria en esa empresa. Los investigadores creen que la seguía manejando o bien obtenía haciendo negocios.
El hasta ayer número dos de la policía de la provincia quedó comprometido en esta causa por una derivación de algo que es un negociado económico sistémico en la policía de la provincia y que parece transversal a todas las gestiones. Los ex jefes de policía de Santa Fe Roberto Grau y Omar Odriozola están implicados en trámites penales. En enero de 2020 los fiscales de Santa Fe pidieron penas de nueve años de prisión para ambos por considerarlos jefes de una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública que gestaba maniobras delictivas con la reparación y compraventa de repuestos para autos de la fuerza.
Estas situaciones también quedaron al desnudo por denuncias de Cristian Güemes que era un anterior encargado de la sección Administración y Finanzas de la Policía de Rosario que al denunciar hechos de corrupción recibió tres atentados de tinte mafioso con estallidos de artefactos explosivos en su domicilio. Contribuyó además una orden de inventario en el taller de la calle Tarragona impartida en febrero pasado por el exministro de Seguridad Marcelo Sain para un inventario sobre el estado de los vehículos y las existencias en los talleres.
Lo que puso a Zancocchia en la cornisa fue precisamente un desprendimiento de la de Grau. Proviene de un teléfono celular que le secuestraron a un tallerista de Santa Fe, Facundo Testi, condenado en 2020 a tres años de prisión por este caso y a una reparación al Estado de 1.430.000 pesos. El contenido de ese celular deja en evidencia que “la plata fuerte de este negocio se mueve en Rosario”. En esa misma causa hay constancias en un diálogo de mensajes interceptados en donde una persona allegada a Grau, según la investigación, dice “Zancocchia se está quedando con todo”, y que para contener esa voracidad al jefe relevado anoche “lo va a llamar Dios”. El interlocutor pregunta entonces: “Me puede decir quién es Dios”. La respuesta que recibe es el nombre de un conocido dirigente de la organización policial Ultrapol.
La investigación contra Grau y Odriozola tiene a quince personas presas entre policías y civiles. Según la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Rosario esto muestra una situación de desmanejo estructural con el esquema de administración de los vehículos pero que está lejos de ser una fuente de ingresos ilícitos de los más importantes de la llamada caja policial.
Fuente: La Capital
