Un grupo de diputados del bloque del Partido Justicialista en la Legislatura de Santa Fe presentó un proyecto para crear un ámbito institucional de diálogo destinado a discutir salarios y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad provinciales. La iniciativa surge luego del motín policial registrado en febrero y busca establecer un canal formal para tratar reclamos del sector.
El proyecto fue presentado por el diputado Marcos Corach, cercano al exgobernador Omar Perotti, y propone la creación de la Comisión Provincial de Bienestar y Régimen Laboral de las Fuerzas de Seguridad. La propuesta cuenta con el acompañamiento de otros legisladores del interbloque peronista, entre ellos Celia Arena, Sonia Martorano, Lucila De Ponti y Miguel Rabbia.
Según el texto presentado, el nuevo organismo funcionaría como un espacio permanente de diálogo y análisis técnico para abordar cuestiones salariales, laborales y de bienestar del personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe y del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
La comisión estaría integrada por quince miembros titulares. Cinco representarían al Poder Ejecutivo provincial, cuatro corresponderían a policías en actividad elegidos mediante voto directo, dos al Servicio Penitenciario, también elegidos por sus pares, dos a personal retirado —uno por cada fuerza— y los dos restantes al Ministerio de Trabajo de la provincia. El proyecto establece además criterios de paridad de género y representación territorial.
De acuerdo con la propuesta, el organismo tendría carácter consultivo y emitiría dictámenes y recomendaciones no vinculantes. Entre sus funciones se incluirían el análisis de la estructura salarial vigente, la evolución del poder adquisitivo, los suplementos y adicionales, las jornadas laborales, la disponibilidad del personal y las condiciones de trabajo, incluyendo infraestructura, equipamiento y riesgos laborales.
El esquema prevé que al menos dos veces por año se convoque a una instancia específica de análisis salarial para cada fuerza. De esas reuniones surgiría un dictamen técnico público con diagnóstico y recomendaciones. El Poder Ejecutivo debería pronunciarse sobre ese informe dentro de los treinta días hábiles posteriores, pudiendo aceptarlo o rechazarlo con fundamentos técnicos o presupuestarios.
El proyecto aclara que la creación de esta instancia no implicaría la sindicalización de las fuerzas de seguridad ni modificaría la cadena de mando o el régimen disciplinario vigente.
En los fundamentos de la iniciativa, Corach señala que el deterioro del poder adquisitivo, la creciente exigencia operativa y distintos reclamos del personal policial evidencian la falta de un ámbito institucional estable para discutir estas problemáticas. En ese sentido, advierte que la ausencia de canales formales de diálogo puede derivar en conflictos que se expresen por vías informales o episodios de tensión como los registrados recientemente.
