La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves y otorgó media sanción a un proyecto de ley que propone la creación de un sistema estadístico para medir de forma precisa el empleo no registrado en todo el territorio santafesino. La iniciativa legislativa apunta a generar un diagnóstico certero sobre un sector de la población que actualmente carece de coberturas básicas.
El rol del IPEC y el alcance del estudio
El proyecto, autoría de la diputada Lucila De Ponti, establece que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) sea el organismo encargado de llevar adelante un relevamiento periódico y sistemático.
En declaraciones a los medios, De Ponti detalló cuáles son los sectores que se pretenden visibilizar a través de esta herramienta: “La idea es que el estudio abarque todas las posibles formas de informalidad en el sector privado, como cuentapropistas, trabajadores de la economía popular e independientes”. La legisladora remarcó la urgencia de poner la lupa sobre “aquellas personas que no están protegidas por el derecho laboral o la seguridad social”.
Radiografía de la informalidad en la provincia
De acuerdo con las estimaciones preliminares que fundamentan la propuesta, el escenario laboral en Santa Fe presenta niveles de precarización alarmantes. Se calcula que cerca del 45% de los santafesinos trabaja actualmente en la informalidad, lo que representa casi la mitad de la fuerza laboral activa de la provincia.
“Queremos tener el detalle de cuáles son las modalidades de trabajo, en qué rubros, si lo hacen de manera individual o colectiva, entre otros aspectos”, argumentó la diputada provincial respecto a la necesidad de desmenuzar ese porcentaje global para entender las distintas realidades que conviven detrás de la cifra.
Próximos pasos y el objetivo de fondo
Tras haber cosechado el respaldo mayoritario en la Cámara baja, el texto normativo fue girado a la Cámara de Senadores, donde deberá ser discutido en comisiones para buscar la sanción definitiva.
Respecto a la utilidad de la norma en caso de ser aprobada por completo, De Ponti fue contundente sobre el horizonte que persigue la recolección de estos datos: “El objetivo final es crear en el futuro políticas públicas eficientes para mejorar la situación laboral y de vida de todas estas personas”.
