En la antesala del tratamiento legislativo de un proyecto destinado a sancionar la actividad de los cuidacoches, tres comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibieron este miércoles a representantes de la Pastoral Social de las diócesis de Santa Fe y Rosario, así como a integrantes del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.
Durante la reunión conjunta, los invitados expusieron sus posiciones y entregaron documentos en los que manifestaron objeciones a la iniciativa. Aunque con enfoques diferentes, ambas organizaciones coincidieron en advertir sobre los riesgos de penalizar prácticas desarrolladas por personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y laboral.
Desde el Foro contra la Impunidad y por la Justicia sostuvieron que no corresponde aplicar sanciones cuando no existe una conducta que produzca un daño concreto a terceros. En ese sentido, citaron el artículo 19 de la Constitución Nacional para remarcar los límites que la ley impone a la intervención estatal sobre las acciones privadas de las personas.
La entidad consideró que el proyecto podría derivar en medidas discriminatorias y estigmatizantes hacia sectores empobrecidos. En el documento presentado, señaló que la propuesta “criminaliza una actividad de subsistencia” y cuestionó que se recurra a herramientas punitivas frente a problemáticas sociales que, a su entender, requieren políticas públicas orientadas a combatir las causas estructurales de la pobreza.
Asimismo, el Foro afirmó que normativas de este tipo han sido cuestionadas por organismos internacionales de derechos humanos por afectar a las personas más desfavorecidas y reclamó alternativas que garanticen el acceso al trabajo y a condiciones de vida dignas.
Por su parte, la Pastoral Social planteó la necesidad de abordar el debate desde una perspectiva integral. En el documento entregado a los legisladores, sostuvo que la actual situación económica golpea con fuerza a amplios sectores de la población y que muchos cuidacoches encuentran en esa actividad una forma precaria, pero necesaria, de obtener ingresos.
La organización religiosa expresó que el objetivo de las políticas públicas no debería ser perpetuar la informalidad, sino generar condiciones para que quienes desempeñan estas tareas puedan acceder a empleos formales y a una inclusión social efectiva.
Al mismo tiempo, remarcó que los hechos delictivos deben ser condenados y perseguidos por la ley, aunque advirtió que no todas las personas que realizan esta actividad incurren en conductas ilícitas. En ese marco, pidió que cualquier legislación contemple el bien común y otorgue una atención prioritaria a los sectores más vulnerables.
El debate sobre la regulación o prohibición de los cuidacoches continúa en la Cámara de Diputados, donde el proyecto seguirá siendo analizado antes de llegar al recinto.
