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El ajuste a las universidades frena una obra clave de la UNL en Ciudad Universitaria

La obra está paralizada desde octubre de 2025 y apenas supera el 26% de avance. La decisión del Gobierno nacional de recortar partidas universitarias dejó sin financiamiento a la segunda etapa del edificio donde funciona la Escuela Secundaria de la UNL.

14 de mayo de 2026


La Universidad Nacional del Litoral (UNL) dejará de recibir $500 millones destinados a infraestructura universitaria luego de una decisión adoptada por el Gobierno nacional en el marco de una modificación del Presupuesto 2026. La medida impacta de lleno en la continuidad de la segunda etapa del Aulario Común de Costanera Este, una obra que permanece paralizada desde octubre del año pasado.

La reducción presupuestaria fue oficializada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial. Allí se estableció un recorte total de más de $5.300 millones en transferencias para gastos de capital destinadas a universidades nacionales. Entre ellas aparece la UNL con una quita de $500 millones para infraestructura, mientras que también se incluyó a la Universidad Nacional de Rafaela con una reducción de $190 millones.

El ajuste afecta directamente a la ampliación del complejo educativo ubicado en Ciudad Universitaria, junto a la Escuela Secundaria de la UNL. La construcción había comenzado el 9 de octubre de 2023 y, según datos oficiales, alcanzó un avance del 26,49% antes de quedar detenida por la falta de pagos del Gobierno nacional.

Desde la casa de estudios explicaron que esos mismos fondos que estaban comprometidos para la obra fueron finalmente “redireccionados” por Nación y ya no llegarán a la universidad. La primera etapa del edificio había sido inaugurada en 2023 y permitió el funcionamiento de la escuela secundaria universitaria en ese predio. El proyecto integral contemplaba sumar nuevos espacios académicos para ampliar la infraestructura educativa de la institución.

“No tenemos recursos para continuarla”

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, se refirió esta semana a la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y advirtió sobre las consecuencias de la paralización de las obras públicas.

“Tenemos obras paralizadas, por ejemplo el segundo aulario en Costanera Este, al lado de la Escuela Secundaria en Ciudad Universitaria, está paralizada con un 26% ejecutado, pero no tenemos recursos propios para poder continuarlo”, sostuvo.

La funcionaria remarcó además que actualmente “no existe presupuesto nacional” para infraestructura universitaria y explicó que la UNL debió reorganizar prioridades utilizando recursos propios para afrontar únicamente trabajos menores.

En ese sentido, señaló que la universidad sí puede avanzar con obras de menor escala, como mejoras en la iluminación de Ciudad Universitaria, aunque aclaró que proyectos de gran magnitud resultan imposibles de sostener sin financiamiento nacional.

Tarabella también defendió el funcionamiento institucional de la universidad y reclamó que se respete la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. “La UNL es una institución ordenada, que rinde cuentas y trabaja con planificación estratégica. No queremos comprometer eso que hoy podemos sostener”, afirmó.

Un recorte que impacta en todo el sistema universitario

La poda presupuestaria dispuesta por el Gobierno nacional alcanza casi $2,5 billones y representa un fuerte ajuste en el área educativa. Entre otras medidas, se redujeron más de $78.700 millones en programas de la Secretaría de Educación, incluyendo el Plan Nacional de Alfabetización, becas, infraestructura escolar y políticas socioeducativas.

Además, se eliminaron fondos vinculados al sistema docente y se suspendieron transferencias para obras en universidades nacionales, en medio de una nueva Marcha Federal Universitaria realizada esta semana en distintos puntos del país.

Dentro del sistema universitario, la Universidad Nacional de La Plata fue la más afectada por los recortes, con más de $1.043 millones menos. También registraron fuertes quitas las universidades nacionales de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos, entre otras instituciones públicas.