El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe expresó su “enérgica oposición” al proyecto de reforma laboral que se encuentra en tratamiento legislativo, en particular a las modificaciones previstas en los artículos 277 y 20 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Uno de los puntos cuestionados es la modificación del artículo 277, que habilitaría el pago de honorarios profesionales hasta en doce cuotas. Desde la institución remarcaron que los honorarios tienen carácter alimentario y resultan esenciales para la subsistencia de los abogados y sus familias.
En ese sentido, señalaron que resulta “llamativo” que, en un contexto de crisis social y económica, se pretenda imponer a los profesionales del derecho una espera de hasta un año para percibir el fruto de su trabajo. Asimismo, plantearon que si el pago en doce cuotas es considerado “razonable, viable y justo”, los sueldos de los legisladores que impulsen la medida también podrían abonarse bajo la misma modalidad.
Críticas al artículo 20
El Colegio también manifestó su preocupación por la modificación proyectada del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto establece que la sobreestimación de los créditos reclamados será considerada pluspetición, lo que podría habilitar la condena solidaria en costas del abogado junto con su cliente.
Para la entidad, esa previsión constituye una “herramienta de disciplinamiento”, ya que la cuantificación de un crédito laboral no responde a una especulación arbitraria sino a una estimación técnica sujeta a prueba y a criterios interpretativos.
Advirtieron además que la eventual diferencia entre lo reclamado y lo finalmente reconocido por la Justicia es, en esencia, el resultado de un cálculo derivado de la valoración judicial y no debería transformarse en un mecanismo sancionatorio encubierto.
Según sostuvieron, la reforma introduce un riesgo económico personal para el abogado por el solo hecho de ejercer su rol con amplitud técnica, lo que podría afectar la independencia profesional y condicionar el acceso a la Justicia de los trabajadores.
Finalmente, el Colegio rechazó toda normativa que —a su entender— restrinja la libertad de trabajo, intimide el ejercicio profesional o traslade sobre los abogados responsabilidades que no les corresponden, y planteó que también debería debatirse bajo qué condiciones asumen responsabilidad quienes legislan normas que impactan sobre derechos fundamentales.
