El Gobierno nacional abrirá este jueves un nuevo capítulo en el debate por la reforma laboral con su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en una sesión convocada para las 14 y atravesada por el paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
En la previa, el oficialismo accedió a uno de los principales reclamos de sus aliados y retiró el artículo referido a las licencias por enfermedad, una modificación introducida tras la media sanción del Senado de la Nación Argentina. Ese cambio obliga a que, en caso de aprobarse en Diputados, la iniciativa deba regresar a la Cámara alta para su revisión. Incluso ya fue convocada una eventual sesión en el Senado para el viernes 20 a las 10.
El desafío inmediato del oficialismo será garantizar el quorum. En la Casa Rosada admiten que los números son ajustados, aunque descuentan el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales de Tucumán, San Juan y Neuquén. Persisten dudas en Innovación Federal —integrado por representantes de Salta y Misiones— que acompañó la convocatoria pero no firmó el dictamen de mayoría, en desacuerdo con el esquema del Fondo de Asistencia Laboral.
Desde Unión por la Patria anticiparon que la clave estará en el inicio de la sesión. “La única pelea es el quorum”, señalaron, aunque reconocen que, una vez habilitado el debate, el oficialismo tendría mayores chances de avanzar.
El proyecto introduce modificaciones de alcance en el régimen laboral. Entre los cambios centrales se encuentra la creación de un banco de horas que reemplaza el pago tradicional de horas extras por un sistema de compensación de jornadas más extensas con descansos posteriores, respetando pausas mínimas obligatorias. También se establece un nuevo esquema de indemnizaciones, ajustadas por inflación más un 3% anual, y se excluyen de la base de cálculo conceptos como el aguinaldo y las vacaciones.
La iniciativa crea además un Fondo de Asistencia Laboral, integrado por aportes salariales y contribuciones empresarias, destinado a cubrir indemnizaciones, con la obligación del empleador de completar la diferencia en caso de que el fondo resulte insuficiente. Se suma un régimen de promoción del blanqueo laboral, con incentivos impositivos por cuatro años y una ventana de regularización para empleadores con trabajadores no registrados.
El texto elimina el mecanismo de ultraactividad, por el cual los convenios colectivos continuaban vigentes aun después de su vencimiento hasta la firma de uno nuevo, y amplía la nómina de servicios considerados esenciales, que deberán garantizar al menos el 75% de su funcionamiento en caso de conflicto. También incorpora regulaciones para trabajadores de plataformas digitales, introduce cambios en la realización de asambleas sindicales y redefine el esquema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales a partir de 2028, que dependerá exclusivamente de las partidas asignadas en el Presupuesto nacional.
Además del dictamen oficialista —que reunió 44 firmas— existen despachos alternativos de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, que rechaza de plano la iniciativa.
Con un escenario parlamentario fragmentado y tensión sindical en las calles, el oficialismo apuesta a cerrar filas para avanzar con una de las reformas estructurales incluidas en su agenda económica.
