El Gobierno buscará votar el pliego de Santiago Bausili después de aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Ejecutivo descartan presentar otro candidato negociado con los aliados y la oposición dialoguista, y aseguran que intentarán reforzar la continuidad del actual titular de la autoridad monetaria. “Primero la reforma y después el pliego de Bausili”, expresan en Nación.
La Casa Rosada no prevé tratar ambos expedientes en paralelo. La prioridad inmediata es sancionar los cambios que Javier Milei presentará este jueves por cadena nacional y que apuntan a limitar el financiamiento monetario del Tesoro, restablecer la preservación del valor de la moneda como mandato central y elevar los requisitos para remover al presidente y al directorio del organismo.
En Balcarce 50 proyectan impulsar el acuerdo para Bausili durante los meses siguientes al debate legislativo. La secuencia tiene una lógica política: el oficialismo quiere definir primero las nuevas reglas de gobernanza del Banco Central y luego regularizar bajo ese marco la situación del funcionario que participa de la elaboración y ejecución del programa monetario.
Bausili ejerce la presidencia “en comisión” desde el 11 de diciembre de 2023. El decreto de designación estableció que completará un período legal que vence el 23 de septiembre de 2028, mientras que el Poder Ejecutivo remitió su postulación al Senado el 18 de diciembre de ese año. El expediente ingresó en la Comisión de Acuerdos, pero todavía no tiene dictamen. El mensaje original de la postulación también fue incorporado al expediente parlamentario adjunto.
El Ejecutivo aclara que una eventual aprobación no abriría automáticamente un nuevo mandato de seis años. El acuerdo serviría, bajo la legislación vigente, para formalizar la designación hasta septiembre de 2028, porque Bausili fue nombrado para completar el período institucional en curso y no por un plazo contado desde el día de su llegada al cargo.
La Carta Orgánica establece que el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, duran seis años y pueden ser nombrados nuevamente. También permite cubrir los cargos en comisión mientras se tramita la aprobación parlamentaria, un mecanismo utilizado por gobiernos de distintos signos políticos desde la década de 1990.
En Nación descartan aprovechar la negociación de la reforma para ofrecer la presidencia del BCRA como parte de un acuerdo con bloques dialoguistas. La decisión es defender la continuidad de Bausili y separar las eventuales concesiones sobre el articulado de la discusión posterior sobre el nombre que conducirá la entidad.
El antecedente más cercano de aprobación tardía es Federico Sturzenegger. Mauricio Macri lo nombró en comisión en diciembre de 2015 y el Senado recién aprobó su pliego en noviembre de 2016, casi un año después, con 56 votos afirmativos. El acuerdo formalizó su continuidad hasta septiembre de 2022, aunque terminó renunciando en junio de 2018.
La historia reciente también muestra presidentes que condujeron el organismo sin completar el acuerdo parlamentario. Luis Caputo fue designado en comisión en junio de 2018 y renunció tres meses más tarde; Guido Sandleris asumió bajo el mismo mecanismo en septiembre de ese año y permaneció hasta el cambio de gobierno de 2019.
Miguel Pesce también inició su gestión en comisión en diciembre de 2019. Alberto Fernández envió su pliego al Senado ese mismo mes y volvió a solicitar el acuerdo en 2022, cuando comenzaba otro período legal, pero el trámite no llegó a completarse antes de que dejara la entidad en diciembre de 2023.
En otros casos, la Cámara alta sí regularizó rápidamente las designaciones. Alejandro Vanoli, por ejemplo, asumió en comisión en octubre de 2014 y obtuvo el acuerdo en diciembre de ese año para completar el mandato que había dejado vacante Juan Carlos Fábrega. La votación terminó con 37 apoyos y 24 rechazos.
La reforma que prepara Milei agrega una dimensión distinta porque apunta a endurecer el procedimiento de remoción. El régimen vigente permite que el Poder Ejecutivo aparte al presidente o a los directores por incumplimiento de la Carta Orgánica, inhabilidades, mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el consejo previo de una comisión del Congreso en los últimos dos supuestos. Ese pronunciamiento fue considerado históricamente no vinculante.
Los principales antecedentes de conflicto son Pedro Pou y Martín Redrado. Fernando de la Rúa removió a Pou en 2001 por “mala conducta”, mientras que Cristina Kirchner desplazó a Redrado en 2010 por su negativa a transferir reservas al Fondo del Bicentenario. En el segundo caso, el Ejecutivo dictó primero la remoción y luego la confirmó tras recibir el consejo de la comisión legislativa.
La Casa Rosada busca reducir ese margen de discrecionalidad mediante causales más taxativas, mayores exigencias procedimentales y una participación legislativa más fuerte. El alcance real del “blindaje” dependerá, sin embargo, de la redacción definitiva y de las cláusulas transitorias: el proyecto deberá establecer expresamente si el nuevo régimen de remoción alcanzará a las autoridades que ya estén en funciones.
El oficialismo presenta la secuencia como parte de una misma estrategia institucional. Primero intentará sancionar una Carta Orgánica que limite la asistencia al Tesoro y otorgue mayor estabilidad a la conducción; después llevará al Senado el pliego pendiente para consolidar a Bausili hasta 2028. La apuesta es insistir con el funcionario que Milei y Luis Caputo consideran “central” para la continuidad del programa económico.
Fuente: TN
