El Gobierno dispuso la creación de una mesa de coordinación para la seguridad de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que tendrá como objetivo “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas”.
La medida se concretó por medio de la publicación de la Resolución 461/2026 en el Boletín Oficial, firmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El texto menciona que las inversiones dentro del RIGI “así como las zonas adyacentes que su ejecución dinamiza desde el punto de vista socioeconómico, pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional o estructuras delictivas complejas”.
El documento advierte que estas organizaciones podrían “aprovechar tales emprendimientos para la captación de rentas ilícitas, el encubrimiento y reciclaje de flujos financieros de origen ilegal, la provisión de bienes y servicios ilícitos o la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de control, trazabilidad, logística, seguridad y supervisión estatal”.
Los detalles de la mesa de coordinación para proteger del narcotráfico y el crimen organizado a las inversiones del RIGI
La resolución alerta que estas prácticas “generan riesgos concretos vinculados a, entre otros, el lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión, la infiltración criminal en actividades económicas lícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada, con potencial capacidad de impactar, negativamente, la integridad, continuidad y seguridad de los proyectos de inversión, así como, también, la seguridad económica, institucional y social del Estado”.
El texto explica que “este volumen de inversiones, su distribución geográfica y su carácter estratégico refuerzan la necesidad de adoptar mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana, orientados a resguardar la integridad de los proyectos, la infraestructura crítica involucrada y los intereses estratégicos del Estado Nacional y de las provincias adheridas”.
El documento destaca la necesidad de “adoptar un enfoque preventivo, integral y coordinado que permita identificar, mitigar y reducir los riesgos asociados a la criminalidad organizada desde las etapas iniciales de planificación y ejecución de los proyectos alcanzados por el RIGI, resguardando la integridad del Régimen; asegurando que los beneficios otorgados por el Estado contribuyan efectivamente al desarrollo productivo y se gestionen con estándares adecuados de control y transparencia; protegiendo a las empresas, sus trabajadores, activos e infraestructuras, así como las cadenas logísticas vinculadas; y reforzando la estabilidad y el normal desarrollo de los proyectos de inversión”.
El texto aclara que “en contextos de grandes proyectos de inversión, la dinámica poblacional, laboral y urbana asociada a su desarrollo puede generar escenarios de vulnerabilidad social que requieren abordajes preventivos integrales, resultando pertinente incorporar estrategias de sensibilización, prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario en el marco de las políticas públicas vigentes”.
La resolución explica que esta mesa representa “una herramienta de acompañamiento a las inversiones estratégicas promovidas en el ámbito del RIGI a fin de fortalecer la seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza respecto de la continuidad y normal desenvolvimiento de las operaciones, en un entorno que procura mitigar los riesgos asociados a eventuales amenazas de la criminalidad organizada sin implicar la imposición de cargas económicas ni burocráticas adicionales para las empresas”.
Fuente: Ambito
