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Geriátrico clandestino: investigan presuntos pagos ilegales a trabajadores sociales municipales

La Fiscalía detectó transferencias bancarias entre María Laura Milia, acusada por el abandono de siete adultos mayores, y tres trabajadoras sociales que se desempeñan en el ámbito de la salud pública. La nueva línea de investigación apunta a posibles maniobras de cohecho. En una audiencia, la Justicia rechazó el pedido de libertad de la imputada y confirmó que seguirá detenida.

20 de noviembre de 2026


La investigación por el funcionamiento de geriátricos clandestinos en Santa Fe sumó una nueva línea de investigación que involucra a tres asistentes sociales del ámbito público. El fiscal Marcelo Nessier reveló que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) analiza al menos 25 informes bancarios en los que aparecen transferencias de dinero entre María Laura Milia, señalada como responsable de varios establecimientos irregulares, y trabajadoras sociales que se desempeñan en la Municipalidad de Santa Fe y el Hospital Protomédico de Recreo.

El dato surgió durante una audiencia realizada en la Sala 3 del Anexo de Tribunales, en la que la Fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva de Milia. Según explicó Nessier, los movimientos económicos despertaron sospechas y dieron lugar a una investigación por presunto cohecho. La principal hipótesis busca establecer si existieron pagos a cambio de intervenciones o derivaciones de adultos mayores hacia las residencias administradas por la imputada.

El fiscal advirtió que la investigación continúa abierta y que los nuevos elementos podrían derivar en una ampliación de la imputación. También se analizan posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público por parte de agentes estatales.

El origen de la causa por los geriátricos clandestinos

La causa se inició el 29 de julio, luego de un incendio registrado en una vivienda de José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte. En el lugar fueron encontrados siete adultos mayores alojados en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según la investigación, uno de ellos habría prendido fuego un colchón para pedir ayuda. Los residentes estaban encerrados y debió intervenir un vecino para facilitar su salida.

A partir de ese episodio, la Fiscalía comenzó a investigar las condiciones en las que funcionaba el establecimiento y atribuyó a Milia el delito de abandono de personas. Durante la audiencia imputativa del 7 de agosto se expusieron irregularidades vinculadas con la falta de atención médica, alimentación e higiene, además de presuntas anomalías en el manejo de documentación y pensiones de los residentes. El 11 de agosto se dispuso su prisión preventiva.

Con el avance de las actuaciones, la investigación se extendió a otros establecimientos vinculados con Milia en Santa Fe y Santo Tomé. Entre ellos aparecen residencias ubicadas en calle Salvador del Carril y barrio Cabaña Leiva.

También se incorporaron denuncias relacionadas con la administración del dinero y los bienes de las personas alojadas. Familiares y exempleados señalaron presuntas irregularidades en el manejo de tarjetas bancarias, documentación personal, medicamentos y propiedades de los adultos mayores. Esos hechos forman parte de las líneas que deberá esclarecer la Justicia.

La investigación sobre las transferencias

Los movimientos bancarios entre Milia y las tres asistentes sociales constituyen uno de los aspectos más sensibles de la causa. Para profundizar esa línea, la Fiscalía había solicitado información a una veintena de entidades bancarias y a una docena de billeteras virtuales.

Nessier confirmó que la hipótesis bajo análisis es la de un posible cohecho, es decir, la existencia de pagos vinculados con determinadas intervenciones de las trabajadoras sociales. La pesquisa apunta a establecer si hubo derivaciones de adultos mayores hacia los geriátricos investigados a cambio de dinero.

El fiscal aclaró que desconoce los términos de un eventual acuerdo de juicio abreviado que se habría negociado antes de que asumiera la conducción de la investigación. De todos modos, sostuvo que los nuevos elementos incorporados podrían modificar el alcance de las acusaciones.

Rechazaron el pedido de libertad

Durante la audiencia, los abogados defensores Claudio Torres del Sel y Francisco García Rossi solicitaron que Milia recuperara la libertad bajo medidas alternativas. Entre las condiciones propuestas figuraban fijar domicilio en la casa de su padre, en la ciudad de Santa Fe, y mantener una prohibición de contacto con las personas involucradas en la causa.

La defensa cuestionó que la mujer continuara detenida mientras que el cuidador que estaba a cargo del geriátrico el día del incendio había recuperado la libertad pocos días después. También sostuvo que Milia se había ocupado de adultos mayores que habían sido abandonados por sus familiares o que no podían afrontar los costos de una residencia habilitada.

Los abogados, además, cuestionaron el funcionamiento y la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y señalaron que las negociaciones para un juicio abreviado se habrían frustrado cuando el caso tomó mayor repercusión pública.

Sin embargo, el juez penal José Luis García Troiano rechazó el planteo y resolvió que la imputada continúe en prisión preventiva.

Los riesgos que consideró la Justicia

Para fundamentar la continuidad de la medida cautelar, el magistrado tuvo en cuenta los siete hechos de abandono de personas atribuidos a Milia y las condiciones en las que habrían permanecido los adultos mayores.

Entre los episodios mencionados durante la audiencia, se destacó el caso de un hombre que perdió la vista por no recibir atención médica adecuada, pese a que sus familiares habían transferido dinero a la imputada en dos oportunidades para la compra de medicamentos.

El juez también valoró las condiciones de alimentación, higiene y atención sanitaria denunciadas en los establecimientos, así como la situación de vulnerabilidad de quienes estaban bajo el cuidado de Milia.

En cuanto a los riesgos procesales, García Troiano consideró que la demora de siete días de la mujer en presentarse ante la Justicia podía constituir un indicador de peligro de fuga. Además, hizo hincapié en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación por la desaparición del teléfono celular de la imputada, que podría contener comunicaciones y datos relevantes para la causa.

El magistrado también señaló la importancia de preservar los testimonios de las víctimas, tanto durante las entrevistas en cámara Gesell como ante un eventual juicio oral. Por esos motivos, entendió que las alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes.

Finalmente, ordenó oficiar a la Municipalidad de Santa Fe para que determine la reubicación de tres adultos mayores que, según lo expuesto por los abogados defensores, todavía permanecerían alojados en uno de los establecimientos vinculados con Milia, en la zona de barrio Cabaña Leiva.