A días del inicio del período de sesiones extraordinarias, el Gobierno nacional avanza en la definición de su agenda legislativa, con la Reforma Laboral como principal objetivo para el mes de febrero. La estrategia fue delineada por la mesa política del presidente Javier Milei, que estableció una hoja de ruta con temas prioritarios para un tratamiento acelerado, mientras que otros debates de mayor complejidad quedarían reservados para después del 1° de marzo.
Aunque el temario de extraordinarias será acotado en relación con la cantidad de días disponibles para sesionar, el oficialismo busca capitalizar el verano legislativo para instalar iniciativas clave y avanzar, al menos, con medias sanciones. En ese esquema, la reforma del régimen laboral encabeza la lista de proyectos impulsados por la Casa Rosada.
Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó a comienzos de enero el diálogo con los gobernadores para destrabar resistencias, principalmente en torno al capítulo tributario del proyecto. La reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades genera fuertes reparos en las provincias por su impacto en la recaudación, un punto que divide aguas incluso dentro del propio oficialismo.
En paralelo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, intensificaron las negociaciones con los bloques aliados. Mientras algunos sectores del Ejecutivo evalúan introducir modificaciones al dictamen, otros sostienen que los cambios deberían discutirse directamente en el recinto. Por el momento, no hay una definición cerrada.
En medio de esas negociaciones, el Gobierno resolvió avanzar con la declaración de la Emergencia Ígnea, a pedido de gobernadores patagónicos afectados por los incendios forestales. La medida se instrumentó mediante un DNU que habilita reasignaciones presupuestarias para el combate del fuego, un gesto que, aunque desde el Ejecutivo lo relativizan, se inscribe en la búsqueda de respaldos legislativos.
Otro de los temas que el oficialismo pretende tratar en febrero es la adecuación de la Ley de Glaciares, un reclamo impulsado por mandatarios de provincias cordilleranas como San Juan y Catamarca. La iniciativa podría debatirse en simultáneo con la Reforma Laboral en el Senado, mientras que Diputados avanzaría con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.
Además, el Gobierno sumó a la agenda la Ley Penal Juvenil, cuyo tratamiento apunta, en esta etapa, a instalar el debate, con la expectativa de avanzar en su sanción definitiva durante el período ordinario. La Reforma del Código Penal, en cambio, quedó postergada.
En Balcarce 50 prevalece un clima de optimismo moderado. El equipo legislativo confía en lograr avances sobre un temario que consideran “amigable”, aunque reconocen que el éxito dependerá de la capacidad de sostener acuerdos con gobernadores, bloques aliados y sectores empresariales. En ese marco, las reuniones políticas y los encuentros con distintos actores se intensificarán en las próximas semanas, con paradas previstas también en provincias como Santa Fe.
