El Poder Ejecutivo remitió al Senado el proyecto de reforma laboral anunciada por el presidente Javier Milei, que incluye una serie de modificaciones en el sistema de empleo con el objetivo de impulsar la contratación formal y reducir conflictos judiciales. La propuesta será discutida en sesiones extraordinarias y se presenta como una de las iniciativas centrales del Gobierno para reactivar el mercado de trabajo.
Según fuentes oficiales, la reforma busca responder a cuatro desafíos principales: generar empleo registrado, mejorar los salarios, reducir la litigiosidad laboral y alivianar la carga impositiva para las empresas. En la Casa Rosada señalan que el sector privado no muestra crecimiento sostenido desde hace más de una década y que casi la mitad de los trabajadores menores de 35 años se desempeña en la informalidad.
Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a financiar indemnizaciones por despido. Las empresas deberán aportar mensualmente un 3% de la masa salarial que se utiliza para calcular los aportes al sistema previsional. Esos recursos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, que podrán invertirlos bajo regulaciones que definirá el Banco Central.
El Gobierno sostiene que esta herramienta brindará previsibilidad, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que suelen enfrentar dificultades para afrontar un despido. Aclaran que el fondo no implica costo adicional para empleadores ni trabajadores, ya que reemplaza el esquema vigente de indemnizaciones.
Otro capítulo relevante del proyecto apunta a modificar el funcionamiento sindical. La iniciativa establece que las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención del pago de cuotas de afiliación, lo que requerirá que cada trabajador autorice expresamente el descuento. También se incorpora al recibo de sueldo un detalle sobre los montos destinados al financiamiento gremial tanto por el trabajador como por el empleador. El Ejecutivo afirma que el objetivo es “transparentar el sistema”, aunque reconoce que algunos de estos cambios no contaron con el aval de la CGT durante las reuniones previas mantenidas en la Secretaría de Trabajo.
En el ámbito judicial, el texto aclara criterios que solían generar interpretaciones dispares en los tribunales. Entre ellos, que el aguinaldo no deberá incluirse en el cálculo de la indemnización por despido. El artículo fue elaborado con asesoramiento del exjuez laboral Guillermo Comadira, quien, según el Gobierno, respaldó la decisión por ser la práctica mayoritaria en el país.
Además, la iniciativa avanza en el traspaso de los fueros laborales nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un proceso que ya había comenzado pero aún no se completó.
Para el Ejecutivo, la reforma permitirá reducir costos y simplificar procedimientos, lo que favorecería la formalización del empleo y aumentaría la recaudación. Sin embargo, funcionarios admiten que no cuentan con una proyección concreta del impacto que podría tener en la creación de puestos de trabajo. “Preferimos ser cautelosos, pero estamos convencidos de que incentivará a las empresas a registrar a su personal”, señalaron.
El debate legislativo se iniciará en las próximas semanas, en un escenario en el que el oficialismo necesitará negociar apoyos para lograr la aprobación de una iniciativa que promete reconfigurar el sistema laboral argentino.
