Luego de meses de absoluta parálisis en las negociaciones, el Gobierno nacional formalizó una propuesta integral destinada al sector universitario. La convocatoria se dio tras un extenso período de congelamiento denunciado por Oscar Vallejos, secretario general de ADUL y referente de la CONADU Histórica, quien recordó que desde fines de septiembre de 2024 la gestión central se negaba de manera categórica a habilitar el ámbito paritario.
El ofrecimiento oficial replica varios de los puntos centrales que contenía la Ley de Financiamiento Universitario defendida por la comunidad académica. En el plano estrictamente salarial, la oferta se compone de un incremento del 21,33% calculado sobre los sueldos del mes de mayo, al que se le adicionará otro 3% en octubre aplicable sobre los haberes de septiembre. Asimismo, el paquete presupuestario incluye un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento sobre el presupuesto 2026, una partida de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, quedando pendiente de resolución el esquema de las becas Progresar.
Tensión por la judicialización y rechazo a la “paz social”
Uno de los mayores focos de conflicto durante la negociación estuvo vinculado a la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que actualmente se encuentra judicializada. Vallejos fue tajante al recordar que cuando el Poder Ejecutivo la promulgó, simultáneamente la anuló argumentando una supuesta falta de fondos para su aplicación efectiva.
A pesar de que los representantes gubernamentales intentaron inicialmente condicionar la continuidad del diálogo a cambio de que los sindicatos bajaran las demandas judiciales vigentes, las organizaciones gremiales mantuvieron firme su postura y rechazaron cualquier tipo de presión. El dirigente aclaró que la propuesta final no contiene cláusulas de condicionamiento judicial ni exigencias de “paz social”, un mecanismo que habitualmente obligaba a las federaciones a firmar el acta comprometiéndose a cesar de manera anticipada con las medidas de fuerza.
Asambleas de base y el futuro del reclamo
Mientras que otras federaciones del sector docente ya comunicaron su aceptación a los términos planteados por el Ministerio, la CONADU Histórica resolvió mantener su histórica metodología de consulta directa a las bases antes de emitir una posición definitiva. Vallejos reconoció que el escenario interno es complejo: si bien una parte de los trabajadores valora positivamente volver a discutir tras la prolongada sequía de negociaciones, muchos otros sectores consideran que los porcentajes resultan insuficientes para compensar el fuerte retraso salarial acumulado.
El veredicto final sobre la aceptación o el rechazo de la oferta se determinará este jueves en el congreso de la federación nacional, una vez que concluyan los debates en cada una de las asambleas locales. “La ley no se entrega. La hemos ideado, la hemos defendido con toda la inteligencia y no se resigna el reclamo de base”, concluyó el referente de ADUL, ratificando que el acuerdo salarial no detendrá la lucha por el presupuesto educativo de fondo.
