El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en la Argentina. La medida quedó oficializada tras la publicación del decreto 138/2026 en el Boletín Oficial.
La iniciativa había sido aprobada días atrás por el Senado de la Nación Argentina con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, convirtiéndose en uno de los principales logros legislativos del oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei.
Cambios en la edad de imputabilidad y el sistema de penas
El nuevo régimen establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser imputados por delitos, aunque las sanciones deberán contemplar su edad, las circunstancias del hecho y su situación personal. La normativa señala que el sistema de penas debe orientarse a la educación, la resocialización y la reinserción social de los jóvenes.
Además, se establece que la privación de la libertad deberá aplicarse únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible. En ese sentido, la ley prohíbe las penas perpetuas o indefinidas para menores y descarta la existencia de antecedentes penales permanentes derivados de estos procesos.
Condiciones de detención y proceso judicial
La legislación también regula las condiciones de detención de adolescentes. En caso de que se disponga su encierro, deberán ser alojados en espacios especialmente acondicionados y bajo la supervisión de personal capacitado, sin compartir instalaciones con personas adultas.
Por otra parte, se establece que las medidas que restrinjan la libertad deberán estar debidamente fundamentadas y basadas en riesgos procesales concretos. Asimismo, el proceso judicial deberá tramitarse con rapidez, especialmente cuando el adolescente se encuentre con prisión preventiva, y las demoras injustificadas podrán derivar en sanciones disciplinarias para los magistrados intervinientes.
Intervención judicial y derechos de las víctimas
Para los casos de menores inimputables, la ley prevé la intervención judicial para investigar los hechos y aplicar medidas de carácter protectorio o terapéutico dentro del ámbito de la justicia civil. También se dispone la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
La norma incorpora además un reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas. Estas podrán participar en el proceso, recibir información sobre el avance de la causa y solicitar medidas de protección.
En los casos en que se determinen daños provocados por adolescentes, la legislación habilita la responsabilidad civil de los padres o responsables legales, quienes deberán responder económicamente según lo determine la sentencia judicial. Asimismo, se contemplan instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima lo acepte y que el tipo de delito permita este tipo de resolución.
