El legado de Diana Sacayán "puede verse" en la ley de cupo trans que "es algo por lo que ella luchó toda su vida y un paso fundamental para que el colectivo travesti trans pueda avanzar en el acceso a derechos", afirmó su hermano, a cinco años del travesticidio de la dirigente.
Say Sacayán es un varón trans que forma parte del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.), espacio de militancia desde el que Diana impulsó la ley de cupo laboral trans que se aprobó en la provincia de Buenos Aires en septiembre de 2015, poco antes de su travesticidio ocurrido el 11 de octubre de ese año.
Esa norma fue reglamentada en territorio bonaerense a finales del año pasado, mientras que a nivel nacional un proyecto de similares características obtuvo dictamen de comisión en el Congreso esta semana para reemplazar con una ley el decreto presidencial vigente que reconoce el derecho laboral del colectivo.
El proyecto, que quedó en condiciones de acceder al debate del plenario de Cámara de Diputados, establece que el Estado nacional "debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes".
Say dijo a Télam que la ley provincial y el proyecto nacional "son toda una conquista muy vinculada al trabajo de la Comisión de Justicia por Diana Sacayán; nosotros no sólo impulsamos un juicio, sino que hicimos acciones políticas y estuvimos en la calle, recorrimos los organismos de derechos humanos, llevamos propuestas a muchas instituciones para que puedan trabajar con perspectiva de género".
"Visibilizamos la figura de Diana Sacayán como defensora de los derechos humanos y de los derechos de las personas travestis y trans, y creadora de las políticas de acceso para las personas travestis y trans. Me parece que todo eso es una construcción del trabajo de Diana y también de otra referente como fue Lohana Berkins", apuntó.
Sin embargo, el dirigente calificó como "un retroceso" el fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que confirmó días atrás la pena a prisión perpetua para Gabriel David Marino por el homicidio de la dirigente trans, pero le quitó el agravante de "odio a la identidad de género", que había sido empleado por primera vez en este caso en 2018. "Este fallo también deja un mensaje", dijo Say.
Al conocerse esta semana la decisión de la justicia, Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), adelantó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de Casación llegó en la misma semana que se cumple el quinto aniversario del travesticidio de Sacayán.
"Faltan años de reparación para el colectivo, tuvimos una pandemia en el medio y eso también nos juega en contra porque se suponía que la ley de la provincia iba a estar aplicada; ahora tenemos un decreto que también se tiene que aplicar", sostuvo Say y agregó que "discursivamente e institucionalmente hay respuesta por parte del Estado, pero que aún no se llega a completar".
El dirigente consideró que "la mirada de la sociedad cambió un montón respecto a como hoy se para ante algún hecho de violencia hacia una compañera, ya sea física o verbal o cuando la quieren echar de una institución, o cuando una compañera es agredida por su identidad".
"Me parece que hay una respuesta de la sociedad sobre eso, y sobre todo por la inclusión; hoy muchos espacios se han abierto a que las compañeras puedan empezar a participar y a que esos mismos espacios se construyan con perspectiva de género", subrayó.
Say remarcó: "Nos fuimos construyendo junto al feminismo, nosotros también somos parte de eso más allá de la posición muy cerrada que tenían algunos sectores que no permitían la apertura hacia el colectivo travesti trans y eso tuvo un cambio a partir de la muerte de Diana Sacayán y de Lohana Berkins".
El cupo laboral
Además, consideró que la apertura laboral "en algunos ámbitos ya se da pero hay que ver su reglamentación para que tenga en cuenta la violencia estructural de la que fueron víctimas las compañeras".
"Algunas solo han tenido la posibilidad de estar en condiciones de prostitución, e incorporar a una compañera de más de treinta años que viene de esa experiencia a un trabajo formal es también una forma de violencia sino se le brinda la asistencia necesaria", explicó.
En cuanto a la implementación del cupo laboral, dijo que "siempre nos ocupamos que dentro de la reglamentación se incluya la asistencia psicológica y la terminalidad de la escuela secundaria", ya que "la mayoría de los lugares en los que se aplica el cupo tuvieron una persona trans detrás de la iniciativa o bien pidieron que participemos de la aplicación".
Say enfatizó que el cupo laboral "es la base, porque va a garantizar que haya personas trans en distintos ámbitos de la administración del Estado. Si hay una persona travesti trans dentro del Estado eso va a permitir que ese Estado tenga políticas más flexibles para este colectivo".
"Tener una mirada diferente hace que las políticas tengan en cuenta otras cuestiones, sobre todo si se viene del ámbito de la militancia; la mayoría venimos de militar en los barrios del conurbano bonaerense con mayor vulnerabilidad y eso te posiciona en otro lugar a la hora de vivir junto a otras luchas", aseguró.
