El Senado celebrará hoy su última sesión del período extraordinario convocado por el Poder Ejecutivo, con una agenda marcada por dos iniciativas centrales para la administración libertaria: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El encuentro en el recinto comenzará a las 11 y tendrá como punto destacado el tratamiento final de la reforma del mundo del trabajo, que regresó en segunda revisión desde Diputados. La Cámara alta deberá decidir si acepta la modificación introducida —que eliminó cambios en las licencias médicas— o si insiste con el texto que aprobó el pasado 12 de febrero.
En aquella votación, el proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos, con el pleno de los 72 senadores presentes. Durante el debate en particular de sus 26 títulos, se mantuvo esa mayoría con algunas variaciones.
Entre las principales modificaciones introducidas en el Senado se eliminó el artículo referido al alivio en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas; se mantuvieron aportes compulsivos con topes más bajos; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se moderó la propuesta original sobre el Fondo de Asistencia Laboral vinculado a indemnizaciones. Además, se incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una jugada que generó cuestionamientos reglamentarios y tensiones políticas internas.
La discusión en Diputados derivó en la eliminación del artículo 44, que reducía plazos y porcentajes de licencias pagas por enfermedad o accidente no laboral. De no convalidar ese cambio, quedaría vigente la versión aprobada por el Senado, que reincorpora ese artículo, aunque esa posibilidad no aparece como probable.
Baja de la edad de imputabilidad
El otro eje de la jornada será el Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
El proyecto también contempla penas alternativas para delitos con condenas menores a 10 años, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de acercamiento a la víctima, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones para conducir vehículos.
Asimismo, prevé la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantía de acceso a educación, atención médica y tratamiento por adicciones. Se prohíbe la convivencia con detenidos mayores y se exige que el personal esté especializado en niñez y adolescencia.
Otro punto central es el reconocimiento explícito de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, asegurando su participación, patrocinio jurídico, asistencia psicológica y acceso a mecanismos restaurativos cuando corresponda.
Con esta sesión, el oficialismo buscará cerrar el período extraordinario con dos leyes consideradas estratégicas para su programa de gobierno, en una jornada que se anticipa extensa y políticamente intensa.
